- Colectivo denuncia que el Estado incumple la cuota de contratación establecida por ley y exige acceso a empleo, vivienda y programas sociales tras años de gestiones sin respuestas concretas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Cansados de esperar respuestas y denunciando que la inclusión sigue siendo más un discurso que una realidad, un grupo de personas con discapacidad se manifestó este viernes frente a Casa de Gobierno para exigir el cumplimiento de la cuota de empleo establecida en la legislación hondureña, particularmente dentro de las instituciones públicas.
Los manifestantes señalaron que, pese a que existe una normativa que obliga tanto al sector público como al privado a garantizar espacios laborales para las personas con discapacidad, la mayoría continúa enfrentando barreras que les impiden acceder a oportunidades de trabajo dignas.
La protesta puso nuevamente sobre la mesa una problemática que organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado durante años: la distancia entre las leyes de inclusión y su aplicación efectiva.
La Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad establece que las empresas públicas y privadas deben contratar al menos cuatro personas con discapacidad por cada cien trabajadores.
Sin embargo, los manifestantes aseguran que esta disposición sigue siendo ignorada en numerosos espacios laborales, incluyendo instituciones estatales que deberían dar el ejemplo.
“Estamos exigiendo la cuota de empleo. Hemos hecho lobby con todos los tomadores de decisión del gobierno y estamos esperando esa respuesta”, expresó Felipe Peña, representante del colectivo.
Según explicó, la movilización surge después de múltiples gestiones realizadas ante diferentes dependencias gubernamentales sin que hasta la fecha se hayan obtenido compromisos concretos o resultados visibles.
Peña destacó que quienes integran el movimiento no están pidiendo privilegios ni favores políticos, sino el cumplimiento de derechos que ya están reconocidos en la legislación nacional.
Entre los manifestantes hay abogados, psicólogos, docentes, técnicos y profesionales de diversas áreas que aseguran contar con la preparación académica y la experiencia necesaria para desempeñar funciones dentro del aparato estatal.
“No estamos pidiendo regalos; estamos pidiendo oportunidades para trabajar y aportar al país”, sostuvieron varios participantes durante la protesta.
El reclamo también expone una realidad que afecta a miles de hondureños con discapacidad: la falta de acceso al empleo formal continúa siendo una de las principales causas de exclusión social y dependencia económica.
Los manifestantes consideran contradictorio que mientras se promueven discursos sobre inclusión y derechos humanos, muchas personas con discapacidad sigan encontrando cerradas las puertas del mercado laboral.
“Lo que queremos es que el Gobierno nos atienda dignamente”, añadió Peña.
Además de las oportunidades laborales, el colectivo demandó ser incluido en proyectos habitacionales, programas de asistencia social y esquemas de pensiones que les permitan acceder a condiciones de vida más dignas.
Las peticiones reflejan una problemática más amplia relacionada con la falta de políticas públicas integrales dirigidas a este sector de la población, que históricamente ha enfrentado obstáculos para acceder a empleo, educación, salud, vivienda y otros derechos fundamentales.
La protesta frente a Casa de Gobierno también dejó en evidencia el creciente malestar entre las organizaciones de personas con discapacidad, que cuestionan la falta de avances concretos pese a las promesas de inclusión realizadas por distintos gobiernos.
Mientras las autoridades promueven políticas de igualdad y participación, los manifestantes sostienen que la verdadera inclusión no se mide por discursos ni por campañas institucionales, sino por la capacidad del Estado de garantizar oportunidades reales para quienes durante años han permanecido al margen del mercado laboral.
Por ahora, el colectivo asegura que continuará realizando acciones de presión hasta obtener respuestas concretas. Su mensaje es claro: la ley ya existe, pero para miles de personas con discapacidad en Honduras, el derecho al trabajo sigue siendo una promesa incumplida.
