- Penalista Marlon Duarte destaca que la nueva normativa mejora la imagen internacional de Honduras ante organismos financieros, aunque alerta sobre la necesidad de blindar la información y evitar su utilización con fines políticos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El abogado penalista Marlon Duarte calificó como un avance significativo la aprobación de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, al considerar que esta herramienta permitirá a Honduras fortalecer los mecanismos de prevención y combate contra el lavado de activos y otros delitos financieros.
Según el profesional del derecho, la normativa representa un paso importante para identificar a las personas que realmente están detrás de empresas y estructuras societarias, contribuyendo a una mayor transparencia en las actividades económicas del país.
No obstante, Duarte advirtió que uno de los principales desafíos será garantizar la protección de la información contenida en el registro, evitando que datos sensibles de personas naturales y jurídicas sean utilizados de manera indebida.
El jurista recordó que Honduras ha enfrentado antecedentes relacionados con el manejo irregular de información reservada, por lo que insistió en que el acceso a estos registros debe estar restringido exclusivamente a funcionarios autorizados y sujeto a estrictos controles de seguridad y supervisión.
En el ámbito internacional, Duarte señaló que la aprobación de esta legislación fortalece la posición de Honduras frente a organismos especializados como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encargado de evaluar los esfuerzos de los países en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento ilícito.
“Ya no vamos a tener ningún tipo de sanción ni repercusión, ni nos verán como un país que es un paraíso fiscal para este tipo de actividades ilícitas”, expresó el abogado al referirse a los beneficios que podría generar la implementación efectiva de la ley.
Sin embargo, también manifestó preocupación por la posibilidad de que la información recopilada en el registro sea utilizada con fines políticos, por lo que recomendó que el Congreso Nacional incorpore sanciones severas contra cualquier persona o funcionario que haga un uso indebido de los datos.
Finalmente, Duarte subrayó que aún queda pendiente definir con claridad cuál será la institución responsable de administrar la nueva normativa, señalando que esta debe operar bajo criterios estrictamente técnicos, con independencia y alejada de cualquier interés político, para garantizar la confianza y credibilidad del sistema.
