- El abogado penalista advierte que el país acumula casi 11 años de retraso en el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia y sostiene que la nueva normativa será clave para combatir el lavado de activos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El abogado penalista Fernando González afirmó que la implementación de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado del Beneficiario Final representa un paso decisivo para impedir que Honduras continúe siendo vista como un paraíso fiscal para el blanqueo de capitales, al fortalecer los mecanismos de transparencia sobre la propiedad real de bienes y empresas.
Durante un análisis sobre la normativa, el profesional del derecho explicó que la ley surge ante la necesidad de combatir el lavado de activos generado por estructuras del crimen organizado transnacional, entre ellas las dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y otros delitos que movilizan grandes cantidades de dinero de origen ilícito.
González recordó que Honduras forma parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desde 2015; sin embargo, lamentó que el país acumule casi 11 años de retraso en la implementación de las regulaciones y estándares internacionales exigidos para fortalecer los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
A criterio del especialista, la ausencia de herramientas eficaces para identificar a los verdaderos propietarios de empresas y activos permitió durante años que Honduras fuera percibida por otros países de la región como un territorio vulnerable al blanqueo de capitales.
“La Ley del Beneficiario Final evitará que Honduras siga siendo un paraíso fiscal para el blanqueo de capitales”, enfatizó.
Respecto a las inquietudes sobre el impacto de la normativa en los llamados testaferros, González aclaró que la ley debe analizarse desde una perspectiva estrictamente jurídica y no como un mecanismo para criminalizar la riqueza.
El abogado señaló que no existe ninguna ilegalidad en ser propietario de grandes extensiones de tierra, mantener importantes inversiones o poseer cuentas bancarias con elevados montos, siempre que esos recursos tengan un origen lícito. Explicó que el problema radica cuando los bienes o el dinero provienen de actividades delictivas y son utilizados para ocultar o legitimar capitales obtenidos ilegalmente.
Asimismo, destacó que la aplicación de la ley deberá mantenerse coordinada con la información registrada en el Instituto de la Propiedad (IP), institución que calificó como un pilar de seguridad jurídica para el país al garantizar la protección de la propiedad privada y brindar certeza tanto a inversionistas como a propietarios.
González también subrayó que la implementación del Registro Centralizado del Beneficiario Final deberá respetar plenamente el debido proceso y la presunción de inocencia, al tratarse de una herramienta vinculada a la persecución de delitos como el lavado de activos y otras formas de criminalidad organizada.
Finalmente, sostuvo que la correcta aplicación de esta normativa permitirá a Honduras avanzar en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de transparencia financiera, fortalecer la confianza del sistema económico y cerrar espacios que durante años facilitaron el ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas.
