- El partido denuncia amenazas a las libertades individuales por el perfilamiento de personas con tatuajes y los allanamientos sin autorización judicial, y exige dejar sin efecto las disposiciones aprobadas por el Congreso.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Partido Libertad y Refundación (Libre) lanzó fuertes cuestionamientos contra las reformas penales aprobadas por el Congreso Nacional el pasado 27 de octubre, al calificarlas como un “monstruo jurídico” y sostener que son inconstitucionales porque, a su criterio, amenazan las libertades individuales y representan un retroceso en materia de derechos humanos.
En un comunicado emitido el 28 de octubre, la Coordinación General de Libre expresó su rechazo a las nuevas disposiciones y advirtió sobre los riesgos que, según el partido, implican para las garantías fundamentales de la población hondureña.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en el perfilamiento de personas por tener tatuajes, una medida que Libre considera una forma de criminalización por apariencia.
Según la organización política, esta disposición podría afectar especialmente a jóvenes que viven en barrios y colonias históricamente abandonados por el Estado, al asociar sus características físicas con posibles vínculos criminales.
El partido también rechazó la posibilidad de que la Policía realice allanamientos domiciliarios sin autorización judicial, al considerar que esta facultad podría vulnerar la inviolabilidad del domicilio y abrir la puerta a posibles abusos de autoridad.
Libre acusa al oficialismo de impulsar medidas que podrían utilizarse contra la oposición
En el mismo pronunciamiento, Libre acusó al Partido Nacional de promover reformas que, a su juicio, podrían servir para perseguir a dirigentes opositores y limitar su participación política.
Asimismo, cuestionó lo que considera un trato selectivo de la justicia, al señalar que mientras se impulsan procesos contra determinados liderazgos políticos, otros sectores presuntamente vinculados con actos de corrupción y crimen organizado no enfrentan las mismas consecuencias.
La organización política sostuvo que combatir la inseguridad es una necesidad urgente, pero insistió en que las acciones del Estado deben respetar la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos.
A su criterio, la lucha contra la criminalidad debe combinar respuestas inmediatas con medidas que atiendan las causas sociales que favorecen la violencia.
Finalmente, Libre exigió que las reformas sean sometidas a un examen jurídico riguroso para determinar su constitucionalidad y dejarlas sin valor y efecto, al considerar que las disposiciones aprobadas ponen en riesgo derechos y garantías fundamentales.
