• Fundación 15 de Septiembre advierte que más de 55 mil hondureños enfrentan una situación crítica y solicita gestiones diplomáticas inmediatas del gobierno hondureño ante EE.UU.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, pidió acciones diplomáticas urgentes del gobierno hondureño luego de que una Corte de San Francisco, California, aceptara la solicitud del Gobierno de Estados Unidos de mantener la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) mientras continúa el proceso de apelación judicial.
El dirigente migrante advirtió que la situación representa un “drama humano” para más de 55 mil hondureños beneficiarios del programa y sus familias, quienes ahora enfrentan un escenario de incertidumbre migratoria.
“Triste noticia, el gobierno de Donald Trump acaba de ganar la apelación del TPS; eso quiere decir que continuará el litigio sin protección temporal y los beneficiarios están expuestos a ser detenidos y retornados a Honduras”, lamentó Flores.
En ese contexto, el líder comunitario solicitó al presidente de Honduras, Nasry Asfura, que interceda ante el mandatario estadounidense, Donald Trump, para buscar alternativas que permitan proteger a los tepesianos, al tiempo que advirtió que la ausencia de un embajador hondureño en Washington dificulta las gestiones diplomáticas en un momento clave.
Asimismo, pidió que la canciller Mireya Agüero viaje de inmediato a Estados Unidos para abogar por la comunidad migrante hondureña, calificando la coyuntura como una “situación crítica” que requiere acciones urgentes.
La resolución judicial concede al Gobierno estadounidense la suspensión de una decisión previa de un tribunal de distrito que mantenía vigente el TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal.
Con esta medida, la cancelación del programa permanece aplicándose de manera temporal mientras el tribunal superior revisa la apelación y emite una decisión definitiva.
El proceso se remonta al 31 de diciembre de 2025, cuando el tribunal de distrito emitió una sentencia parcial que anulaba la terminación del TPS; sin embargo, el Gobierno estadounidense solicitó “congelar” los efectos de esa resolución, permitiendo que el estado actual del programa —la cancelación— continúe vigente mientras se desarrolla el litigio en instancias superiores.
