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viernes, febrero 6, 2026

¡Lo hace de nuevo! Luis Redondo sin respetar el debido proceso publica en La Gaceta préstamo millonario del CAF

FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.

En una nueva arbitrariedad, el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, ordenó la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de tres contratos de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto total de 190 millones de dólares, violando el procedimiento legislativo establecido en la Constitución de la República, además, sin que se haya ratificado el acta respectiva en el Congreso Nacional (CN).  

De acuerdo con el texto publicado en La Gaceta, la Secretaría de Finanzas formalizó el acuerdo con la CAF en representación del Estado hondureño. El documento fue suscrito por Maximiliano Ricardo Alonso, ciudadano belga, en representación de la CAF, con plenas facultades para actuar como prestamista internacional.

La publicación de La Gaceta especifica que, “los contratos, firmados el pasado 30 de diciembre de 2024 entre el Gobierno de Honduras y la CAF, detallan financiamiento por 70 millones de dólares para el Programa de Reinversión e Inversión Pública, además de otros dos créditos que suman el resto de los fondos, todos destinados a proyectos de infraestructura y fortalecimiento institucional”.

No obstante, diputados de oposición y expertos en derecho constitucional han denunciado que el proceso carece de legalidad, ya que los préstamos fueron publicados sin que el CN haya aprobado el acta correspondiente, lo cual es un requisito indispensable para dar validez a cualquier votación o decisión legislativa.

En tanto, esto constituye una clara violación al principio de legalidad y al debido proceso parlamentario. No se puede publicar un decreto si no ha sido debidamente ratificado por el pleno, advierten varios diputados de oposición.

Por lo cual, con esta nueva acción de ilegalidad de Redondo, ha generado preocupación entre diversos sectores políticos y jurídicos, que consideran que este tipo de procedimientos arbitrarios podrían abrir la puerta a la anulación de los contratos o futuras sanciones por parte de organismos multilaterales.

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