- El expresidente del Congreso sostiene que las reformas al sector eléctrico podrían replicar modelos que, según afirma, elevaron las tarifas y redujeron el control estatal sobre infraestructura estratégica.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que el debate sobre el futuro del sector energético hondureño no debe centrarse en consignas ideológicas ni en discursos sobre inversión extranjera, sino en el análisis de los resultados que, según afirmó, han dejado modelos similares implementados en otros países y en las advertencias que diversos especialistas realizaron desde el inicio de las reformas.
A través de un pronunciamiento, Redondo recordó que durante años se promovió la idea de que la transformación del sector eléctrico, la fragmentación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en sociedades mercantiles subsidiarias y la apertura a nuevos esquemas de inversión generarían mayor eficiencia, competitividad y una reducción en el costo de la energía para los hondureños.
Asimismo, señaló que tanto la Embajada de Estados Unidos en Honduras como el Departamento de Estado respaldaron públicamente esas reformas al considerar que incentivarían la inversión, fortalecerían la competitividad y permitirían un suministro eléctrico más confiable y asequible. Sin embargo, sostuvo que desde el principio existieron advertencias sobre los riesgos que implicaba ese modelo.
Alertas sobre las reformas
Redondo recordó que el economista y congresista Hugo Noé Pino, a quien nombró presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional durante su gestión legislativa, advirtió que la reforma representaba una “privatización disfrazada” de la ENEE.
Según explicó, Pino alertó que los activos estratégicos de la estatal eléctrica, entre ellos represas, líneas de transmisión, subestaciones y demás infraestructura construida con recursos públicos, podrían terminar siendo transferidos a sociedades mercantiles susceptibles de privatización en el futuro.
De igual forma, indicó que el exgerente de la ENEE, Erick Tejada, sostuvo que el esquema contenido en la normativa reproducía el modelo aplicado en Guatemala, donde las empresas subsidiarias operan bajo criterios mercantiles y, con el paso de los años, la mayor parte de los activos de distribución eléctrica pasó a manos privadas.
De acuerdo con Redondo, Tejada advirtió que ese proceso derivó en algunos de los precios de energía residencial más elevados de Centroamérica y en la pérdida del control público sobre infraestructura estratégica.
Riesgo de una privatización gradual
El exfuncionario afirmó que las preocupaciones expresadas en torno a la reforma no eran infundadas, al señalar que la legislación establece que las subsidiarias de la ENEE serían constituidas como sociedades mercantiles, sujetas al derecho mercantil para la administración de sus bienes, contrataciones, compras y financiamiento.
Además, indicó que dichas empresas tendrían la facultad de contratar préstamos con instituciones financieras nacionales e internacionales, emitir instrumentos de deuda y operar bajo estructuras propias del mercado privado.
A juicio de Redondo, diversos especialistas consideran que esos elementos conforman la arquitectura jurídica necesaria para avanzar de manera gradual hacia una eventual privatización del sistema eléctrico nacional.
“La energía es un asunto de soberanía”
El expresidente del Poder Legislativo sostuvo que el verdadero debate no gira únicamente en torno a quién genera la energía, sino a quién controla el sistema eléctrico del país.
En ese sentido, recordó que con la aprobación del Decreto 46-2022 se reconoció que la energía constituye un bien público de seguridad nacional y un derecho humano, al considerar que quien controla el despacho, la transmisión, la regulación y la planificación energética también controla uno de los principales pilares de la soberanía del Estado.
“La discusión no puede reducirse a un simple negocio de compra y venta de electricidad; está en juego el control de una infraestructura estratégica para el desarrollo, la seguridad y la independencia nacional. La experiencia internacional demuestra que estas advertencias no deben tomarse a la ligera”, expresó.
Cita ejemplo de Estados Unidos
Como parte de sus argumentos, Redondo mencionó el caso del estado de California, en Estados Unidos, donde —según afirmó— la implementación de determinadas políticas energéticas derivó en un incremento sostenido de las tarifas eléctricas y trasladó a los contribuyentes miles de millones de dólares en costos regulatorios, infraestructura y decisiones de política pública.
Asimismo, reveló que durante una visita oficial a San Pedro Sula sostuvo una conversación con el congresista estadounidense Lou Correa, en presencia de la entonces embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu.
Según Redondo, el legislador estadounidense le manifestó que Honduras debe construir su propio modelo de desarrollo y no asumir que las soluciones implementadas en otros países necesariamente son las más adecuadas para la realidad nacional.
Añadió que Correa reconoció que incluso Estados Unidos ha cometido errores en determinadas políticas públicas cuyos efectos terminaron afectando directamente a los contribuyentes y a los ciudadanos.
