- A semanas de las elecciones, Mario Díaz asegura que la Corte actuará sin sesgos ni interferencias, pese a dudas ciudadanas y tensiones por el proceso contra magistrados electorales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A pocas semanas de las elecciones generales, el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz, aseguró que el Poder Judicial actuará con estricto apego a la ley y sin interferencias políticas en los casos que actualmente se ventilan, incluyendo el proceso que podría involucrar a dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Díaz enfatizó que la Corte mantiene su independencia en un momento en el que diversos sectores señalan presiones políticas sobre el sistema judicial.
“Estos casos se tratarán con el mayor profesionalismo posible, respetando el debido proceso, actuando con transparencia y con base en lo que la ley establece”, expresó el magistrado.
El juez también negó categóricamente que la CSJ esté participando en juegos partidarios en la antesala de las votaciones.
“Cualquier situación que sea conocida por la Corte Suprema tendrá que ser conocida en el marco de la ley, sin tratar de menoscabar la independencia que como jueces tenemos”.
Garantía de asignación transparente
Según Díaz, el Poder Judicial cuenta con un orden de precedencia establecido para la asignación de expedientes que llegan a la Corte, lo que garantiza transparencia en el proceso.
“No hay problemas sobre las situaciones resueltas a nivel de pleno, y por lo tanto no debería haber ninguna preocupación por parte de la ciudadanía”, aseguró.
Al ser consultado sobre el caso de la acusación por presunto prevaricato contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, el magistrado indicó que aún no tiene información sobre si el expediente ya fue asignado.
Caso TJE marcará tensión institucional
Díaz explicó que, una vez distribuido el expediente, el procedimiento continúa con el nombramiento de los órganos correspondientes, incluyendo la Corte de Apelaciones que conocerá las distintas etapas procesales.
El proceso contra los magistrados del TJE —si avanza— ha sido señalado por sectores académicos, empresariales y políticos como un posible punto crítico para la estabilidad democrática en pleno calendario electoral.
La garantía del debido proceso expresada por el magistrado Díaz ocurre en un contexto en el que las instituciones hondureñas enfrentan un intenso escrutinio público, y con un país que espera que los tribunales actúen bajo principios de independencia y legalidad, sin convertirse en protagonistas de la arena política en la recta final hacia las elecciones.
