• Mario Morazán advierte que al menos 250 recursos siguen sin pronunciamiento y explica que los candidatos podrán acudir al Tribunal mediante la figura de la negativa ficta.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.–
El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, lanzó este miércoles fuertes críticas contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por no haber resuelto las impugnaciones presentadas por candidatos tras las elecciones generales.
“Quiero hacer un reclamo al Consejo Nacional Electoral porque lo que ellos han hecho es un acto de irresponsabilidad e incumplimiento de sus deberes”, declaró el magistrado, al subrayar que el TJE actúa como tribunal de segunda instancia, luego de que las impugnaciones deben ser conocidas inicialmente por el CNE.
Morazán explicó que, pese a esa obligación legal, la mayoría de los recursos no fueron resueltos por el órgano electoral, lo que ha generado un cuello de botella en la etapa postelectoral.
De acuerdo con su estimación, alrededor de 250 impugnaciones permanecen sin pronunciamiento dentro del CNE.
Ante este escenario, el magistrado indicó que los candidatos afectados pueden acudir al TJE mediante la figura de la “negativa ficta”, un mecanismo jurídico que se configura cuando una autoridad guarda silencio y no responde una petición dentro del plazo legal establecido, habilitando así la competencia del tribunal superior.
Precisó además que el 15 de diciembre venció el plazo para presentar impugnaciones ante el CNE, y al no existir resoluciones, los solicitantes tendrán que esperar hasta el 5 de enero de 2026 para que el TJE pueda emitir una resolución sobre esos casos.
En contraste, Morazán aclaró que los candidatos que no interpusieron impugnaciones ante el CNE aún pueden presentar apelaciones directamente ante el TJE hasta el viernes 2 de enero.
No obstante, advirtió que, por la carga procesal y los tiempos legales, es poco probable que el tribunal resuelva todas las apelaciones antes de la toma de posesión prevista para enero.
Las declaraciones del magistrado reavivan el debate sobre la eficiencia del arbitraje electoral y la necesidad de reformas que garanticen plazos claros y respuestas oportunas, en un contexto donde la credibilidad institucional resulta clave para la estabilidad democrática del país.
