- A diez años de la declaratoria de inconstitucionalidad, jueces trabajan contra el tiempo para remitir el proyecto al Congreso
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, recordó este jueves que existe un tiempo perentorio para redactar la nueva Ley del Consejo de la Judicatura, normativa clave en el proceso de reforma judicial que actualmente se impulsa en el país.
“Se ha determinado por el Poder que hay un tiempo perentorio para que se proceda a la redacción de esta ley”, expresó el togado, al tiempo que exhortó a los actores involucrados a multiplicar esfuerzos para cumplir con los plazos establecidos.
Díaz subrayó que desde el ámbito judicial se trabaja para agilizar el proceso. “Lo que nos corresponde a nosotros como jueces es apurarnos un poco para poder tener ya finiquitado el proyecto de decreto y poder remitirlo al Legislativo”, agregó.
El magistrado afirmó que se trata de un trabajo que han venido desarrollando los propios jueces de la Sala de lo Constitucional, con el objetivo de construir una normativa que garantice independencia y transparencia en la carrera judicial.
Una década después de la inconstitucionalidad
El próximo 15 de marzo se cumplirán diez años desde que se declaró inconstitucional la ley que creó el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial (CJCJ), instancia que durante su funcionamiento fue señalada por una serie de actos irregulares que finalmente provocaron su desaparición.
La discusión para la creación de un nuevo Consejo cobra relevancia luego de que el Congreso Nacional de Honduras aprobara, la noche del martes, una ley orientada a desconcentrar el poder absoluto en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa fue modificada y establece que, mientras se elijan los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, será el pleno de magistrados del Supremo —actuando de manera colegiada— el encargado de ejercer las facultades de seleccionar, nombrar, ascender, trasladar y permutar jueces, magistrados, defensores públicos, supervisores y personal administrativo.
En cuanto a las atribuciones disciplinarias y de despido, el pleno deberá aprobar un mecanismo específico que garantice que al menos tres magistrados propietarios conozcan y resuelvan dichos procedimientos.
El proceso de redacción y aprobación de la nueva ley se perfila así como un paso determinante en la reconfiguración del sistema judicial hondureño, en medio de expectativas por fortalecer la institucionalidad y evitar los errores del pasado.
