- Iniciativa impulsada a solicitud de la Secretaría de Seguridad, busca endurecer acciones contra el crimen y dar herramientas legales inmediatas a operadores de justicia
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El diputado del Partido Nacional, Marco Paz, anunció que en el transcurso de esta semana podría quedar listo el paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, una iniciativa impulsada a petición de la Secretaría de Seguridad para fortalecer el combate contra estructuras criminales.
El congresista detalló que el paquete incluye entre 11 y 12 artículos que están siendo afinados para su aprobación, con el objetivo de dotar de mayores herramientas legales a las instituciones encargadas de la seguridad y justicia en el país.
“Estamos tratando de hacer algo que sea muy contundente para beneficio de la Secretaría y que ellos tengan argumentos legales para poder actuar inmediatamente”, expresó.
Entre las reformas más relevantes, Paz destacó la propuesta de declarar como organizaciones terroristas a aquellas estructuras criminales que generan temor en la población mediante delitos como la extorsión, lo que permitiría endurecer las sanciones y ampliar el alcance de las acciones judiciales.
Asimismo, el paquete contempla la incorporación de nuevas agravantes, como el uso de indumentaria o simbología policial por parte de criminales, así como la utilización de menores de edad o personas con discapacidad en actividades ilícitas.
Otro de los puntos clave es el fortalecimiento de la persecución financiera de estas organizaciones, incluyendo medidas para rastrear el flujo de dinero y establecer mayores controles en la apertura de billeteras electrónicas, utilizadas frecuentemente —según el legislador— para movilizar fondos provenientes de la extorsión.
El diputado subrayó que estas reformas buscan beneficiar no solo a la Secretaría de Seguridad, sino también a la Policía Nacional de Honduras, los cuerpos de inteligencia, el sistema judicial y el Ministerio Público, permitiendo una respuesta más ágil y coordinada frente al crimen organizado.
“El objetivo es poder darle herramientas a todas las instituciones para actuar de inmediato y seguir el rastro de estas estructuras criminales”, concluyó.
La propuesta se perfila como una de las principales apuestas legislativas en materia de seguridad, en un contexto donde las autoridades buscan reforzar el marco legal para enfrentar la evolución de las redes delictivas en el país.
