- El extitular de la OABI asegura que las acusaciones por presuntas transferencias irregulares de 26 millones de lempiras buscan dañar a exfuncionarios cercanos a Xiomara Castro
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El abogado y exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Antonio Zelaya, rechazó contundentemente la denuncia presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en torno a un supuesto manejo irregular de fondos dentro de la institución, y aseguró que las acusaciones forman parte de una “persecución política” dirigida contra exfuncionarios vinculados al gobierno de la expresidenta Xiomara Castro.
La reacción del exfuncionario surge luego de que el CNA presentara una denuncia pública y ante el Ministerio Público relacionada con presuntas transferencias irregulares que sumarían al menos 26 millones de lempiras durante la administración de bienes incautados en la OABI.
Según expuso la directora del CNA, Gabriela Castellanos, los movimientos financieros detectados formarían parte de un esquema que requiere una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
Sin embargo, Marco Antonio Zelaya aseguró que las acusaciones no representan ninguna sorpresa, ya que —según afirmó— tenía conocimiento previo de que se preparaba una acción en su contra.
“No es sorpresa, porque ya lo sabíamos desde tiempo atrás. Estábamos preparados y sabemos que hemos actuado conforme a la ley”, declaró.
El exfuncionario insistió en que el caso carece de sustento jurídico y sostuvo que detrás de la denuncia existen motivaciones políticas dirigidas a afectar la imagen de quienes formaron parte del entorno cercano de la exmandataria.
“Es una persecución política contra todos los que estuvimos cerca de la expresidenta Xiomara Castro de Zelaya”, manifestó.
Zelaya defendió su gestión al frente de la OABI y aseguró que todas las operaciones realizadas durante su administración estuvieron respaldadas por la normativa institucional y los reglamentos vigentes.
Asimismo, negó cualquier manejo irregular de fondos o bienes incautados y afirmó que su actuación se limitó estrictamente al cumplimiento de las disposiciones legales establecidas para la administración de activos decomisados.
El exfuncionario también aseguró estar dispuesto a colaborar plenamente con cualquier proceso de investigación que impulse el Ministerio Público.
“Si me llaman, acudiré con todo gusto porque esa es la obligación de todo ciudadano hondureño: respetar y obedecer la ley”, expresó.
En medio de su defensa, Zelaya reveló que durante su administración presentó al menos 42 denuncias relacionadas con presuntas irregularidades detectadas en gestiones anteriores de la OABI, las cuales —según dijo— aún no han recibido respuesta por parte de las autoridades.
“Ya presenté 42 denuncias al Ministerio Público y todavía sigo esperando resultados”, afirmó.
El extitular de la OABI también lanzó cuestionamientos hacia la actual administración de la institución, asegurando que la actual directora ya tenía conocimiento previo sobre su salida del cargo antes de que estallara públicamente la denuncia del CNA.
Incluso, sostuvo que dentro de la institución ya se había comunicado a distintos jefes y empleados que ese sería su último día en funciones, por lo que considera que la decisión de removerlo ya estaba tomada previamente.
Además, criticó el manejo interno del proceso y aseguró que las nuevas autoridades no interpretaron correctamente la normativa institucional.
“La actual directora ni siquiera leyó los reglamentos”, señaló.
Zelaya también cuestionó directamente a la titular del CNA, Gabriela Castellanos, argumentando que las acusaciones se basan en interpretaciones erróneas sobre el funcionamiento legal de la institución y el manejo de fondos bajo administración de la OABI.
Mientras tanto, el caso continúa generando fuertes reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos del país, debido al impacto de las denuncias y al posible alcance de las investigaciones relacionadas con el manejo de bienes y recursos decomisados por el Estado hondureño.
