La diputada liberal exige la renuncia de los titulares del Ejecutivo y Legislativo por el uso opaco de fondos sociales y subvenciones legislativas
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En un mensaje directo y sin titubeos, la diputada liberal Maribel Espinoza responsabilizó públicamente al coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, de ser el cerebro detrás de una estructura de corrupción política que opera desde los más altos niveles del Estado.
“MEL es el constructor para que el Ejecutivo y Legislativo crearan una nueva versión de corrupción mediante su disfraz de ‘fondo social’ y ‘subvenciones’”, denunció Espinoza desde su cuenta oficial en la red X (antes Twitter). “Por ello deberían renunciar los titulares de ambos poderes del Estado”.
El retorno de un viejo esquema con nuevas caras
Las palabras de Espinoza hacen eco de preocupaciones crecientes entre sectores críticos del oficialismo, que acusan a la administración de la presidenta Xiomara Castro —y por extensión a su esposo y asesor principal, Manuel Zelaya— de replicar las prácticas corruptas que antes condenaron.
El foco de la denuncia está en el uso de los llamados fondos sociales y subvenciones legislativas, mecanismos que, si bien fueron diseñados para facilitar asistencia comunitaria y el desarrollo local, históricamente han sido usados como herramientas de clientelismo político, desvío de recursos y compra de voluntades dentro del Congreso Nacional.
Subvenciones bajo sospecha
En las últimas semanas, el tema volvió a la palestra luego de que se revelara que diputados y operadores afines al oficialismo recibieron subvenciones millonarias sin mecanismos de rendición de cuentas efectivos.
Algunas de estas subvenciones habrían sido canalizadas a través de ONGs de maletín o proyectos sin ejecución real.
Aunque Libre llegó al poder prometiendo acabar con las viejas prácticas corruptas de los gobiernos anteriores, críticos denuncian que el partido ha adaptado esas mismas estructuras para mantenerse políticamente fuerte dentro del Congreso.
“¿A quién quieren engañar?”, cuestionó Espinoza, dejando entrever que el discurso de refundación ha sido utilizado como cortina para legalizar nuevos esquemas de corrupción bajo etiquetas sociales.
Un llamado a romper el silencio
La diputada también hizo un llamado a los funcionarios Isis Cuéllar y José Carlos Cardona, señalados en medios por su participación en la asignación de fondos, a colaborar con la justicia antes de ser sacrificados por la maquinaria política que los usó.
“Ustedes corren peligro porque necesitan culpables… Solo podrán tener una opción verdadera al ser colaboradores eficaces con la justicia. El pueblo los mirará con mejores ojos”, dijo, apelando a su conciencia y sentido de responsabilidad.
La corrupción disfrazada de solidaridad
Los fondos sociales han sido un instrumento político históricamente polémico en Honduras.
En gobiernos anteriores —tanto liberales como nacionalistas— se utilizaban para construir alianzas dentro del Congreso, beneficiar a operadores políticos o financiar campañas, bajo la fachada de ayuda comunitaria.
Organizaciones como el CNA y la MACCIH denunciaron en su momento cómo estos recursos eran manejados sin transparencia, con estructuras paralelas de control y favoritismo.
Lo que cambia ahora, según Espinoza y otros analistas, no es la corrupción, sino quién la administra. Y esa administración, según su denuncia, está dirigida desde las sombras por Manuel Zelaya Rosales.
“El país debe cambiar, y espero que finalmente lo hayan comprendido… porque la ignominia debe parar por el bien de nuestros niños y jóvenes que se están quedando sin futuro ante tanta podredumbre”, concluyó la diputada.