- El abogado penalista alertó que la normativa podría estar siendo utilizada para espionaje político y comercial, lejos del propósito original de combatir el crimen organizado.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El abogado penalista Marlon Duarte advirtió sobre los riesgos del mal uso de la Ley de Escuchas Telefónicas en Honduras, al señalar que desde su creación existieron dudas sobre los verdaderos fines de dicha normativa y sobre el manejo de la información obtenida mediante la intervención de comunicaciones privadas.
“Desde que se creó la Ley de Escuchas tuvimos nuestra reserva de lo que se iba a hacer con la información, y es tanto así que en 2011 ya se venía planeando y buscando mecanismos para intervenir las telecomunicaciones, no solamente de personas sujetas a una investigación, sino también en los ámbitos político y comercial”, explicó Duarte.
El profesional del Derecho expresó especial preocupación por el riesgo de que la ley se utilice para fines distintos a los originalmente planteados, advirtiendo sobre posibles casos de espionaje político y comercial.
“Intervenir las comunicaciones de un comerciante exitoso puede vulnerar sus secretos jurídicos y mecanismos legítimos de beneficio. Eso es espionaje comercial, y es una práctica que no debería permitirse”, sostuvo el abogado.
Duarte recordó que la Ley de Escuchas fue creada con el propósito de combatir delitos graves, como homicidios, secuestros o narcotráfico, pero cuestionó el uso actual que se le da a la información interceptada.
“No digo que la ley no haya servido, pero el problema es qué hacen con esa información, quién la tiene y hasta cuándo están obligadas esas personas a dejar de intervenir una comunicación”, subrayó.
El penalista también criticó la falta de control jurisdiccional efectivo, al indicar que en el país existen apenas “tres o cuatro jueces autorizados para autorizar estas intervenciones” y que no hay claridad sobre dónde operan las oficinas encargadas de tales procesos.
“Esta es una afección jurídica que se justificó en su momento por razones de seguridad, pero hoy parece tener fines políticos o económicos”, advirtió Duarte, quien insistió en que lo más importante debería ser garantizar el control judicial, la transparencia y la protección de los derechos fundamentales.
“Las escuchas deben servir para combatir el crimen, no para espiar adversarios ni vulnerar la competencia económica”, concluyó el abogado.
