TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En una nueva controversia que sacude al Consejo Nacional Electoral (CNE), el Partido Liberal de Honduras (PLH) acusó al consejero electoral Marlon Ochoa de actuar de manera “malintencionada” al solicitar una nueva opinión legal sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), pese a que el proceso ya contaba con un dictamen favorable desde el 14 de junio de 2025.
“¿Qué busca?”, cuestionó el PLH en sus redes sociales, adjuntando como prueba el dictamen de la Unidad de Asesoría Legal del CNE, que ya había validado legalmente los Términos de Referencia (TDR) del proceso CNE-PEG-UCCE-001-2025.
Según el Partido Liberal, la actuación de Ochoa no solo viola los procedimientos legales establecidos, sino que genera incertidumbre en un proceso clave para la credibilidad de las próximas elecciones generales.
Acusan que, al forzar una nueva revisión legal, el consejero pretende introducir cambios que podrían alterar las reglas del juego a menos de seis meses del proceso electoral.
Dictámenes cruzados y dudas sobre la legalidad
El 18 de junio, tras la consulta reiterada de Ochoa, la misma unidad legal emitió un nuevo dictamen, declarando improcedente la inclusión de mecanismos de segunda revisión o transcripción de actas por actores externos a las Juntas Receptoras de Votos (JRV), considerando que dicha modificación contraviene la Ley Electoral vigente.
Sin embargo, el mismo informe sugiere una posible enmienda técnica a los TDR, abriendo la puerta a ajustes que, aunque legales, podrían modificar elementos sustanciales del proceso de transmisión y escrutinio electoral.
Para el PLH, este giro no es casual. Advierten que las acciones del consejero responden a una agenda política encubierta con el argumento de “transparencia”, pero que en realidad amenaza con socavar la neutralidad institucional del CNE.
De acusador a acusado
La polémica ocurre apenas días después de que Ochoa denunciara públicamente que miembros del Partido Nacional y del Partido Liberal habrían viajado a Sudamérica para contactar empresas fachada de Mapa Soluciones, en un intento por manipular la licitación del TREP y favorecer intereses particulares.
Ochoa incluso señaló que el modelo aprobado impone una “tranca” a la divulgación directa de los resultados, dejando entrever que hay sectores que temen a un conteo transparente desde las JRV.
Estas acusaciones fueron inmediatamente desmentidas por la presidenta del CNE, Cossette López, quien calificó los señalamientos como parte de una campaña de desinformación. López defendió el proceso de licitación como abierto, competitivo y con estándares internacionales de transparencia.
“Las verificaciones no buscan retrasar los resultados, sino asegurar que los datos reflejen fielmente los documentos oficiales”, sostuvo.
¿Reforma técnica o maniobra política?
La actuación de Marlon Ochoa deja más preguntas que respuestas. ¿Está realmente preocupado por la transparencia o busca modificar el proceso desde dentro para responder a intereses políticos? ¿Por qué insistir en una nueva revisión legal si ya existía una opinión favorable? ¿Y por qué introducir ajustes en pleno año electoral?
A medida que se acercan las elecciones del 30 de noviembre, el país no solo necesita tecnología confiable, sino también funcionarios que respeten las reglas, garanticen imparcialidad y no utilicen el aparato electoral como arma política.
