FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
La ejecución de más de 103 millones de lempiras en proyectos que beneficiaron a familiares y amigos, realizó una red de corrupción conformada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, durante un período de 2 años, bajo una aparente legalidad, expuso este martes, después de una investigación, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.
En este nuevo caso de corrupción de la administración de Xiomara Castro, también participaron oenegés y particulares, en el manejo de fondos asignados entre 2022 y 2023, indicó.
“Se utilizó una cadena de favores y un poder absoluto para repartir millones de lempiras; el protagonista de esta farsa es el clientelismo político donde un simple aprobado por un diputado era suficiente para que una organización no gubernamental, sin importar su idoneidad recibiera los fondos mediante solicitudes arregladas que dejaban entrever un proceso ficticio que daba apariencia de legalidad”, señaló Castellanos.
