TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Más de 40 organizaciones se unieron para impulsar la campaña «Una Fiscalía por Honduras: sin pactos bajo la mesa», exigiendo un proceso transparente, libre de tráfico de influencias, respetuoso de la Constitución de la República y en armonía con los estándares internacionales.
La petición anterior, se estable en un comunicado firmado por estas organizaciones, donde dicen que; «Creemos firmemente que el 2023 es un año crucial para el futuro de Honduras: la selección del nuevo fiscal general y el fiscal adjunto del Ministerio Público (MP) para el periodo 2023-2028, es un desafío para dar un paso al frente en el combate contra la corrupción y la impunidad».
De igual forma, agregan que el «seleccionar a las personas idóneas es de gran trascendencia para las mujeres hondureñas, donde desde 2005, casi siete mil de ellas han perdido sus vidas de forma violenta. De igual relevancia es para las personas LGTBIQ+, ya que 455 han sido asesinadas en los últimos 14 años. La violencia hacia las mujeres y las personas LGTBIQ+ tienen en común, que el nivel de impunidad supera el 92%, una problemática que en gran medida se debe a la desatención histórica del MP hacia estas poblaciones, precisa el documento.
Al respecto, la representante del Centro de Estudios de la Mujer – Honduras (CEM-H), organización integrante de la Campaña, Suyapa Martínez, indicó que «las nuevas autoridades deberán realizar un diagnóstico general de la Fiscalía para identificar los retos en la investigación criminal y en la judicialización de los casos, prestando especial énfasis a la impunidad alrededor de los crímenes en contra de las mujeres y de las personas LGTBIQ+».
Asimismo, el delegado del Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI -SOMOS CDC, Alex Sorto, agregó que «es necesario que en la definición de los perfiles de las y los candidatos, se pondere su experiencia y proclividad a incluir la protección de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ».
En tal sentido, la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) apunta a que, en el tema electoral, el fortalecimiento de la Fiscalía Especial de Delitos Electorales del Ministerio Público y su sostenibilidad, deben ser la piedra angular en la agenda de la nueva administración del MP, que «la nueva fiscalía también debe cumplir su papel en el marco de la democracia electoral. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el contexto de las elecciones generales de 2017 se registraron al menos 23 muertes».
Igualmente, la coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia, Migdonia Ayestas, dijo que, en última instancia, son los derechos políticos los que son vulnerados en contextos de violencia política y que “son las bases de los partidos políticos las que sufren esta violencia y criminalidad hacia los militantes, simpatizantes o líderes políticos”.
El pronunciamiento firmado por los representantes de estas 40 organizaciones, indicó que la Junta Proponente actualmente cuenta con 22 candidatos, y tiene en sus manos la oportunidad histórica de cimentar las bases de una nueva Fiscalía que su eje central sea el combate contra la corrupción y la impunidad.
“A la Junta Proponente y al Congreso Nacional les exigimos un proceso que responda al reclamo de una sociedad que demanda autoridades que representen, defiendan y protejan los intereses de todas y todos, no de unos pocos: ¡Es nuestro derecho exigir una Fiscalía sin colores ni favores!, finaliza.
