FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
Al menos 80 millones de dólares equivalentes a mil 973 millones de lempiras, desviaron de instituciones públicas altos exfuncionarios de los últimos tres gobiernos nacionalistas, posteriormente los destinaron para la adquisición de bienes, como casas, centros comerciales, entre otros, en Panamá, República Dominicana, Nicaragua y Estados Unidos.
Lo anterior está registrado en un informe que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), elaboró y entregó a las autoridades de otro país que investiga a estos exfuncionarios por lavado de dinero mediante su sistema financiero, reveló una fuente.
Por tanto, exsecretarios y exdirectores de instituciones estatales de la gestión de Porfirio Lobo Sosa, (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014- 2022), quien enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por narcotráfico, están bajo investigación.
La fuente no detalló quiénes son los exservidores públicos que incurrieron en un sistemático latrocinio ni la nación que requirió la información, porque se trata de una investigación abierta.
Especificó “lo que puedo decir es que son exfuncionarios de primer nivel los involucrados”.
Amplió que la documentación recabada evidencia malversación de fondos, contratos ficticios o sobrevalorados y blanqueo de capitales en el exterior.
También el origen de donde emanaba a raudales los dineros hacia los bolsillos de altos mandos del Poder Ejecutivo eran contratos, algunos sobrevalorados, sobre los cuales se cobraban coimas, agregó.
Señaló que en este acto de corrupción estuvo como figura total un exsecretario de gobierno que se encargaba de cobrar un 20 por ciento en soborno del valor de los contratos, “lo que le puedo decir de esta persona es que no se encuentra en el país”.
Asimismo, dijo que se instauraron proyectos ficticios a los que se les transferían recursos que sólo “se ejecutaban en papel, pero nunca en realidad”.
De igual forma, se nombraron testaferros a través del sistema financiero y de los cuatro países antes mencionados, para mover los capitales en el exterior.
Subrayó que “la investigación es por lavado, pero también por testaferrato, porque hay bienes a nombre de terceros, de eso hay documentación”.
Posterior a que el dinero se transfiriera a los cuatro países antes mencionados fue usado para las compras de vehículos, haciendas, ganado, un centro comercial, un minicentro comercial, entre otros, reiteró.
Igualmente, exteriorizó que hay registros de alojamientos en hoteles de lujo y compra de boletos para conciertos en el exterior “hubo trabajo documental y trabajo in situ para respaldar la información”.
Remarcó que gran parte de los exfuncionarios investigados viven en uno de los países donde adquirieron las propiedades con el este dinero.
Durante los 12 años de administración nacionalista, se reportaron varios hechos al margen de la ley como el desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), EL casos “Pandora”, “Caja Chica de la Dama”, “Hermes” y la compra sobrevalorada de los hospitales móviles.
En el fraude al IHSS se malversaron, entre 2010 y 2014, unos 6 mil 300 millones de lempiras, cerca de 256 millones de dólares.
Mientras que en el caso “Pandora” se desviaron 259 millones de lempiras, equivalentes a 10.5 millones de dólares de la Secretaría de Agricultura y Ganadería que estaban destinados a productores, sin embargo se utilizaron para financiar partidos políticos y gastos personales.
En 2020, durante el inicio de la pandemia por covid-19, se sobrevaloraron siete contenedores que funcionarían como hospitales móviles para atención de pacientes contagiados con el patógeno.
La adquisición de los sanatorios, que no reunían los requerimientos técnicos contractuales, se hizo por casi 48 millones de dólares, más de mil 200 millones de lempiras.
De acuerdo al Ministerio Público (MP), el Estado perdió en esta compra unos 400 millones de lempiras, cerca de 15 millones de dólares, por sobrevaloración.
En todos esos hechos, la Fiscalía presentó acusaciones, algunos ya cuentan con sentencias y otros siguen en procesos judiciales clamando su inocencia en los tribunales.
Cabe destacar que Estados Unidos acusó a dos expresidentes de la Fenafuth, Rafael Leonardo Callejas y Alfredo Hawit, por usar su sistema financiero para recibir sobornos. Se entregaron a la justicia de ese país, que los condenó.
De la misma forma, la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó la semana pasada a Naciones Unidas observaciones a los términos de referencia que propuso el organismo para el envío de expertos que darán cumplimiento a la fase I del memorándum de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras (CICIH).
Por su parte, el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, vaticina que la contestación de la ONU sea en un corto plazo para que proceda a realizar los arreglos administrativos de la llegada de la misión preparatoria.
Honduras y Naciones Unidas firmaron el 12 de diciembre de 2022 un memorando de entendimiento para la instalación de la CICIH.
Si Honduras cumple las recomendaciones que formulen los expertos, se procederá a la fase II, que consiste en la instalación de la CICIH, que es una promesa del Gobierno de Xiomara Castro.
