- La disposición interna del Poder Judicial ha generado debate sobre sus alcances, mientras la magistrada Rubenia Galeano asegura que busca garantizar una justicia inclusiva y libre de discriminación para todas las personas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Una intensa controversia se ha instalado en el debate público hondureño tras la emisión del Memorando No. 02-2026 del Poder Judicial, una disposición interna que instruye a juezas, jueces y dependencias administrativas a incorporar registros relacionados con la denominada “identidad de género auto percibida” dentro de actuaciones y sistemas de información judicial.
La medida ha provocado reacciones encontradas en distintos sectores de la sociedad, donde han surgido cuestionamientos sobre el alcance, la aplicación y las implicaciones que podría tener dentro del sistema de justicia.
Mientras algunos grupos han expresado preocupación por el contenido de la directriz, el Poder Judicial sostiene que se trata de una acción administrativa y técnica orientada a fortalecer el acceso a la justicia y los principios de no discriminación.
Ante la creciente discusión pública, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rubenia Esperanza Galeano, defendió la disposición y explicó que forma parte de los lineamientos institucionales impulsados desde la política de Justicia Abierta.
“Justicia Abierta va en concordancia con las políticas institucionales de un Estado de gobierno abierto. En ese sentido, una de las responsabilidades transversales en todo el sistema de justicia —tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional— es que todas nuestras actuaciones, sean resoluciones, autos, providencias o disposiciones administrativas, tengan la finalidad de ser inclusivas y no discriminar en ningún sentido”, manifestó.
La magistrada aclaró que el alcance de la medida no está limitado exclusivamente a temas relacionados con identidad de género, sino que forma parte de una visión más amplia orientada a garantizar igualdad de trato para todas las personas que interactúan con el sistema judicial.
“Esto es para toda persona que es parte del sistema de justicia. Nosotros como jueces y juezas de la República no podemos generar ni ser discriminatorios de ninguna manera”, afirmó.
Galeano explicó además que la circular fue emitida bajo las facultades que le corresponden como responsable de la política de Justicia Abierta dentro del Poder Judicial y señaló que su propósito principal es promover procesos judiciales más inclusivos y respetuosos de la diversidad humana.
“La circular o memorándum lo hice porque estoy facultada como responsable de la política de Justicia Abierta”, precisó.
La funcionaria judicial rechazó las interpretaciones que sostienen que la medida pueda afectar derechos de terceros o generar perjuicios para algún sector de la población, insistiendo en que se trata de una disposición administrativa interna respaldada por las normas institucionales vigentes.
“No hay ninguna afectación, es una disposición interna del Poder Judicial. Tenemos facultades para eso, nos lo dice la normativa nuestra”, expresó.
La magistrada concluyó señalando que todas las actuaciones dentro del sistema de justicia deben orientarse bajo principios de inclusión, igualdad y respeto a las particularidades de cada persona, tomando en consideración factores como su identidad, condición socioeconómica y contexto social.
La polémica surge en un momento en que diversos sectores mantienen posiciones encontradas sobre las políticas de inclusión dentro de las instituciones públicas, lo que ha convertido el memorando en uno de los temas más debatidos de las últimas horas. Mientras el Poder Judicial insiste en que la medida busca fortalecer la protección de derechos y garantizar una atención libre de discriminación, sus críticos demandan mayores explicaciones sobre los alcances prácticos de la disposición y su aplicación dentro de los procesos judiciales.
