• La diputada afirma que la Constitución fija un período único de cuatro años y cuestiona la propuesta de Eduardo Facussé de alternar la presidencia entre liberales y nacionalistas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.–
La diputada Merary Díaz sostuvo este jueves que no existe base jurídica para que el Partido Nacional y el Partido Liberal compartan la presidencia del Congreso Nacional durante el período 2026-2030, al reaccionar a una propuesta del empresario Eduardo Facussé.
Díaz se refirió a la iniciativa planteada por Facussé —expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIC)— que sugiere que los liberales presidan primero el Congreso y que dos años después la titularidad pase a manos del Partido Nacional.
En concreto, la propuesta plantea que Carlos Umaña (Partido Liberal) asuma la presidencia en 2022-2024 y Tomás Zambrano (Partido Nacional) en 2024-2026.
A través de su cuenta en la red social X, la diputada calificó la idea como carente de sustento legal.
“La Presidencia del Congreso Nacional se elige por un período de cuatro años, tal como lo establece de forma expresa la Constitución de la República. No existe base jurídica para interpretaciones antojadizas ni para repartos políticos al margen de la ley”, escribió.
Díaz subrayó que, conforme al marco constitucional y a la correlación política resultante, le corresponde al Partido Nacional presidir el Congreso Nacional, mientras que la Junta Directiva debe integrarse con representación de las demás fuerzas políticas, en función de acuerdos y consensos, pero sin vulnerar la duración del mandato.
Asimismo, la parlamentaria cuestionó la postura de Facussé y recordó que el empresario avaló la alianza de Salvador Nasralla con el Partido Libertad y Refundación (Libre) en el proceso electoral de 2021, lo que —a su juicio— resta coherencia a la actual propuesta de reparto legislativo.
El pronunciamiento de Díaz se suma al debate público sobre la integración de la nueva directiva del Congreso Nacional, en un contexto de negociaciones políticas y llamados a respetar estrictamente la Constitución para evitar precedentes que, según advierten diversos actores, debiliten la institucionalidad.
