- Gobierno atribuye el impacto a factores internacionales, mientras reconoce que el alivio estatal es temporal y advierte sobre presión en las finanzas públicas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, justificó este día el incremento en los precios de los combustibles al señalar que se trata de un “tema heredado”, vinculado además a factores internacionales que —según dijo— escapan al control del país.
“El tema de los combustibles y del gas es heredado… no tenemos manera como país de definir el precio, esto está afectando no solo a Honduras, sino a toda Latinoamérica”, expresó el funcionario, en un intento por explicar el constante encarecimiento que impacta directamente en el costo de vida de la población.
No obstante, aunque el argumento oficial apunta a causas externas, el efecto interno es evidente: el alza en los combustibles continúa presionando la canasta básica, el transporte y los servicios, sin que se planteen medidas estructurales de largo plazo.
En respuesta, el Gobierno ha optado por mantener subsidios a la energía eléctrica, los combustibles y el gas licuado de petróleo (GLP), con el objetivo de contener el impacto en los hogares, especialmente en los de menores ingresos.
La administración del presidente Nasry Asfura confirmó que continuará cubriendo el 50 % del incremento en los precios internacionales de la gasolina regular y el diésel, medida vigente del 1 de mayo al 2 de agosto de 2026.
Sin embargo, el propio Ordóñez reconoció que este respaldo estatal no puede sostenerse indefinidamente. “Esto puede ser temporal, porque si no, las arcas del Estado van a colapsar”, advirtió, dejando entrever las limitaciones fiscales que enfrenta el país.
El señalamiento plantea un escenario incierto: mientras el Gobierno sostiene que no puede intervenir directamente en la fijación de precios, también admite que las medidas de alivio tienen fecha de caducidad.
En paralelo, el funcionario lanzó una advertencia a quienes especulan con los precios, recordando que la ley contempla sanciones de hasta mil salarios mínimos para quienes incurran en prácticas abusivas.
“No es momento de aprovecharse, es momento de ser solidarios con el pueblo hondureño”, enfatizó.
Así, entre justificaciones, subsidios temporales y advertencias, el discurso oficial refleja una tensión creciente: un problema global que el Gobierno reconoce como ajeno, pero cuyas consecuencias siguen recayendo, de forma directa, en el bolsillo de los hondureños.
