- La organización exige investigar cómo se publicó la normativa en La Gaceta y solicita que se cite a declarar a la expresidenta Xiomara Castro para esclarecer los hechos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
El Movimiento por Nuestros Hijos presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) para que se investigue la publicación en el diario oficial La Gaceta de la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente, normativa que fue vetada durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro.
La acción legal busca determinar cómo se autorizó la publicación del decreto y si existieron irregularidades en el procedimiento.
Entre las diligencias solicitadas figura citar a declarar a Castro y a otras personas cuyos nombres aparecen vinculados al documento.
Señalan posibles irregularidades en la publicación
El abogado Juan Diego Lacayo, representante del movimiento, manifestó su preocupación por el caso y advirtió que los hechos podrían encuadrar en presuntos delitos de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
Según explicó, el documento publicado presentaría diferencias respecto al texto aprobado originalmente por el Congreso Nacional, entre ellas cambios en nombres, títulos, numeración de artículos y referencias incluidas en los considerandos.
Por ello, la organización pidió que se investigue quién autorizó la publicación y se establezcan las responsabilidades que correspondan. La denuncia fue dirigida a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, según informó la abogada Dania Muñoz.
Solicitan que Xiomara Castro declare
El movimiento también pidió que la expresidenta Castro y otras personas relacionadas con el decreto sean citadas para esclarecer quién ordenó su publicación y bajo qué procedimiento se realizó.
La presentación de la denuncia, sin embargo, no determina por sí misma la existencia de un delito ni establece responsabilidad penal contra las personas mencionadas; esos extremos deberán ser examinados por las autoridades competentes.
La organización aclaró que no se opone a la educación sexual, pero mantiene cuestionamientos sobre el enfoque de la normativa, al considerar que contradice sus valores y principios familiares.
El caso queda ahora bajo el ámbito de investigación del Ministerio Público, que deberá verificar los señalamientos y determinar si existen elementos para proceder legalmente.
