Luego de 16 meses de abierta la audiencia preliminar y tras seis fechas postergadas, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) continúa a la espera que se emita el auto de apertura a juicio en la causa instruida contra Marco Antonio Bográn Corrales (exdirector de INVEST-H) y Alex Alberto Moraes Girón (exadministrador) por suponerlos responsables a título de autores de la comisión del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública.
En ese caso, pese a que, desde el 13 de septiembre de 2021, el Ministerio Público formalizó la acusación, aún la defensa no contesta cargos, situación que ha dejado pasar el juzgado del circuito anticorrupción.
Las dilaciones y retrasos en este expediente tienen que ver con conciliaciones que no se autorizaron por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), solicitudes de suspensión condicional de la persecución penal a las que se opuso la Fiscalía y por no haber sido notificados o citados los defensores de los imputados.
De acuerdo a la relación de hechos del caso, en el mes de marzo de 2021, cinco funcionarios de INVEST-H iniciaron una gira de trabajo a diferentes ciudades del país donde estarían ubicados los hospitales móviles comprados a Turquía y al terminar sus labores y regresar a la capital se les informó que por 15 días estarían alojados con todos los gastos pagados en un hotel de la ciudad, argumentándose que se hacía como parte del aislamiento que los protocolos de bioseguridad exigían para personas que habían tenido contacto con pacientes positivos de Covid-19, gastándose del presupuesto de infraestructura vial más de 100 mil lempiras (L 101,199.40).
Fue así que las investigaciones determinaron que tanto el señor Bográn Corrales como Moraes Girón, con pleno conocimiento y voluntad, efectuaron un mal manejo de los recursos, ya que los fondos no fueron usados para la pandemia sino para hospedar y alimentar a cuatro funcionarios de INVEST-H en un hotel de lujo, esto a pesar de que ya existía un centro de aislamiento en la Villa Olímpica de Tegucigalpa.
