- Mario Guillermo Mejía Vargas no logró justificar más de 5.4 millones de lempiras; permanece en Estados Unidos mientras en Honduras sigue vigente una orden de captura en su contra.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó este jueves un requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos contra el exoficial de policía Mario Guillermo Mejía Vargas, tras determinar que no pudo justificar el origen lícito de más de 5.4 millones de lempiras.
De acuerdo con el comunicado oficial, las investigaciones desarrolladas en coordinación con equipos técnicos especializados establecieron que Mejía Vargas no logró acreditar la procedencia legal de 5 millones 492 mil 836 lempiras, fondos que presuntamente estarían vinculados a actividades del crimen organizado.
Las autoridades hondureñas señalaron que el exoficial actualmente se encuentra en Estados Unidos, donde fue condenado por delitos relacionados con el narcotráfico.
Según las investigaciones, su participación en estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas quedó evidenciada durante procesos judiciales desarrollados en ese país.
El nombre de Mejía Vargas también ha estado ligado a uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente de Honduras: el asesinato del fiscal Orlan Chávez, conocido como el “Fiscal de Oro”.
El Ministerio Público mantiene vigente una orden de captura en su contra, al considerarlo presunto autor intelectual de ese crimen ocurrido en abril de 2014.
Asimismo, se conoció que, pese a haber guardado prisión en territorio estadounidense por delitos de narcotráfico, el exoficial obtuvo beneficios judiciales al convertirse en testigo colaborador de las autoridades federales en diversos expedientes.
Entre sus colaboraciones más relevantes figura su participación como testigo de la Fiscalía de Nueva York en los juicios contra el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, ambos condenados por delitos relacionados con conspiración para traficar drogas y armas hacia Estados Unidos.
Con esta nueva acción penal, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de perseguir las estructuras criminales y los recursos obtenidos de manera ilícita, asegurando que continuará impulsando investigaciones para identificar, asegurar y judicializar bienes cuyo origen no pueda ser justificado conforme a la ley.
El requerimiento fiscal representa un nuevo capítulo en los procesos judiciales que involucran al exoficial, cuya trayectoria ha estado marcada por acusaciones de narcotráfico, vínculos con estructuras criminales y señalamientos en casos de alto impacto para el país.
