- Gasolineras, fincas, beneficios de café, viviendas y cuentas bancarias fueron asegurados en el occidente del país; investigación revela presuntos nexos con la estructura criminal “Los Pinto” y un patrimonio injustificado cercano a los L500 millones.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), concluyó una serie de operaciones de aseguramiento de bienes en los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque, como parte de una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Durante las diligencias, las autoridades identificaron seis cuentas bancarias adicionales y un vehículo que no figuraban inicialmente dentro de las medidas de aseguramiento, ampliando así el alcance de la operación contra un ciudadano hondureño requerido por el Ministerio Público desde mayo de 2025 y sobre quien pesa una alerta roja internacional.
Entre los bienes asegurados figuran una sociedad mercantil dedicada al rubro de combustibles, viviendas, una lotificadora de terrenos, beneficios de café, fincas, vehículos y diversos productos financieros. Todos los activos quedaron bajo la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Las investigaciones desarrolladas por la ATIC también permitieron establecer presuntos vínculos comerciales y financieros entre el principal acusado y Orlando Pinto Espino, señalado como uno de los líderes de la estructura criminal conocida como “Los Pinto”. De acuerdo con las pesquisas, el investigado y su núcleo familiar no logran justificar una fortuna cercana a los 500 millones de lempiras.
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) revela que únicamente el principal investigado habría movilizado más de 1,600 millones de lempiras a través del sistema financiero nacional. Sin embargo, gran parte de esos recursos carece de respaldo que acredite su origen lícito.
Las autoridades identificaron específicamente un faltante de justificación superior a los 418 millones de lempiras, una cifra que, según los análisis financieros y patrimoniales realizados por el Ministerio Público, podría estar vinculada a actividades ilícitas.
El Ministerio Público sostiene que las diligencias técnicas, periciales y financieras apuntan a que los fondos investigados no guardan relación con actividades económicas legítimas conocidas, por lo que continúa profundizando las investigaciones para determinar responsabilidades penales y el posible alcance de la estructura financiera bajo sospecha.
La operación representa uno de los golpes patrimoniales más significativos ejecutados recientemente por las autoridades contra presuntas redes de criminalidad organizada en el occidente de Honduras.
