- Fiscalía solicita auto de formal procesamiento por presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y fraude continuado; el caso involucra 33 contratos que rondan los 45 millones de lempiras.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Ministerio Público solicitó en las últimas horas un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra cinco personas señaladas por su presunta participación en un caso de irregularidades relacionadas con la adjudicación de contratos por parte de la Municipalidad de San Pedro Sula.
Entre los imputados figura Steve Adolfo Fajardo, identificado como yerno del alcalde sampedrano Roberto Contreras, además de Josué David Fajardo, José Antonio Juárez, Luis Enrique Peña y Henry Guzmán Girón.
La petición fue presentada por la Fiscalía al concluir la audiencia inicial, en la que el ente acusador expuso los elementos de prueba que, a su criterio, sustentan la existencia de indicios racionales de participación de los acusados en los delitos que se les atribuyen.
Según informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, los cinco encausados enfrentan cargos por presunto lavado de activos, tráfico de influencias y fraude continuado, delitos vinculados a la adjudicación de contratos municipales que habrían generado un perjuicio económico al Estado.
Durante el desarrollo de la audiencia inicial, el Ministerio Público evacuó un total de 34 medios probatorios, entre ellos 30 pruebas documentales, dos periciales y dos testimoniales. Por su parte, los equipos de defensa presentaron 24 medios de prueba documentales en un intento por desvirtuar los señalamientos de la Fiscalía.
De acuerdo con la acusación fiscal, el expediente está relacionado con la adjudicación de 33 contratos por un monto cercano a los 45 millones de lempiras, otorgados por la Municipalidad de San Pedro Sula.
La tesis del Ministerio Público sostiene que dichos contratos habrían sido fraccionados presuntamente para evadir los procedimientos de contratación pública establecidos en la Ley de Contratación del Estado, permitiendo su adjudicación al margen de los mecanismos legales correspondientes.
Tras la exposición de los argumentos de ambas partes, los fiscales solicitaron al juez que la causa avance a la etapa de juicio oral y público, así como la imposición de prisión preventiva para los cinco imputados.
En contraste, las defensas pidieron el sobreseimiento definitivo de sus representados al considerar que no existen elementos suficientes para sostener la acusación.
De manera subsidiaria, solicitaron que, en caso de dictarse auto de formal procesamiento, se les otorguen medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
La resolución judicial quedó pendiente y será notificada el próximo 9 de junio a partir de las 10:00 de la mañana, cuando el juez determine si existen méritos suficientes para enviar a juicio a los acusados y resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por las partes.
El caso ha generado atención pública debido a la magnitud de los montos investigados y a los vínculos de algunos de los señalados con la administración municipal de San Pedro Sula, una de las alcaldías con mayor presupuesto del país.
