- Fiscales y agentes de la ATIC inspeccionan instalaciones tras denuncias que apuntan a posibles delitos de abuso de autoridad y usurpación en arrendamientos otorgados por la alcaldía
LA CEIBA, HONDURAS. –
El Ministerio Público (MP) informó este jueves que ha iniciado una serie de inspecciones en el muelle de cabotaje de La Ceiba como parte de una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de arrendamiento otorgados a una empresa dedicada al transporte marítimo de pasajeros.
Las diligencias son dirigidas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en respuesta a una denuncia que señala posibles anomalías en la suscripción y ejecución de dichos contratos.
Durante las inspecciones participan agentes de la ATIC, personal técnico especializado y un ingeniero civil asignado por la FETCCOP desde San Pedro Sula, quienes realizan levantamientos, verificaciones e inspecciones técnicas para recopilar evidencia que pueda ser incorporada al expediente investigativo.
Según la denuncia bajo análisis, los contratos de arrendamiento fueron otorgados por funcionarios de la Alcaldía Municipal de La Ceiba a una empresa de transporte marítimo, situación que habría generado cuestionamientos sobre la legalidad de los procedimientos utilizados para su adjudicación.
El Ministerio Público indicó que los hechos denunciados podrían estar vinculados a la presunta comisión de delitos como abuso de autoridad, desobediencia, usurpación e impedimento del ejercicio de otros derechos reconocidos en la Constitución de la República, aunque aclaró que las investigaciones se encuentran en una fase inicial.
Las autoridades señalaron que el objetivo de estas actuaciones es determinar si existieron irregularidades administrativas o penales en el proceso de arrendamiento, así como establecer las posibles responsabilidades de funcionarios o particulares involucrados.
La inspección forma parte de las acciones impulsadas por el ente acusador para fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública, especialmente en aquellos casos relacionados con el uso y aprovechamiento de bienes públicos.
Una vez concluidas las diligencias técnicas y documentales, el Ministerio Público evaluará los hallazgos para determinar los pasos a seguir dentro de la investigación y las acciones legales que pudieran corresponder conforme a la ley.
