- El caso se remonta a la crisis poselectoral de 2017, cuando Fusina vinculó a los llamados Comandos Insurreccionales con supuestos planes para cometer actos violentos en varias ciudades del país.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
El Ministerio Público (MP) reavivó este viernes una denuncia presentada por el coordinador de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, contra dos exmilitares a quienes responsabiliza por señalamientos realizados en 2018 que vinculaban a los llamados Comandos Insurreccionales de Libre con supuestas “células terroristas”.
La actuación fiscal retoma un episodio ocurrido en medio de la crisis política posterior a las elecciones de 2017, cuando los señalamientos provenientes de estructuras de seguridad generaron una fuerte reacción de Zelaya y de la dirigencia de Libre.
El origen del conflicto
En junio de 2018, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) difundió una circular en la que advertía sobre supuestas acciones que serían ejecutadas por integrantes de los denominados Comandos Insurreccionales.
El documento calificaba a estos grupos como “células terroristas” y señalaba supuestos planes para incendiar gasolineras en Tegucigalpa, Choloma y Choluteca. También indicaba que miembros de estas agrupaciones estarían realizando labores de campo para identificar establecimientos vulnerables.
La información provocó una inmediata reacción de Zelaya, quien anunció acciones legales contra las Fuerzas Armadas y exigió explicaciones sobre las razones por las que se vinculaba a Libre y a sus comandos con actividades terroristas.
El entonces coordinador de Libre sostuvo que los comandos habían sido organizados para defender el derecho al voto y rechazó que fueran considerados organizaciones terroristas.
¿Qué eran los Comandos Insurreccionales?
El antecedente se encuentra en la propia organización política impulsada por Libre durante la crisis posterior a las elecciones de 2017. Zelaya y otros dirigentes habían anunciado la creación de miles de comandos a nivel nacional como una estructura para organizar acciones de resistencia y movilización.
En aquel momento, Zelaya defendió públicamente su conformación y sostuvo que serían utilizados para organizar acciones de protesta y defender lo que la oposición consideraba como un triunfo electoral que había sido desconocido.
Medios de la época documentaron que Libre llegó a plantear la organización de 10,000 comandos insurreccionales, mientras Zelaya argumentaba que se trataba de un mecanismo de organización y resistencia política.
Una denuncia que vuelve al escenario
La reactivación del expediente por parte del Ministerio Público vuelve a colocar sobre la mesa los acontecimientos políticos y de seguridad que marcaron los meses posteriores a las elecciones de 2017.
Ahora corresponde a la Fiscalía determinar las circunstancias en las que se emitieron los señalamientos contra los llamados Comandos Insurreccionales, establecer la responsabilidad que pudiera corresponder a los denunciados y determinar si los hechos denunciados constituyen algún ilícito.
El caso revive así una de las controversias más tensas de aquel período: el choque entre la estructura militar y de seguridad del Estado y la dirigencia de Libre, en un contexto de protestas, confrontación política y cuestionamientos sobre el resultado electoral de 2017.
