- Ninfa Suyapa Flores y dos exfuncionarias son señaladas por presuntas irregularidades que habrían causado perjuicio a la administración pública
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó un requerimiento fiscal contra la exdirectora del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), Ninfa Suyapa Flores Castellanos, por su presunta participación en delitos de fraude y abuso de autoridad por omisión en perjuicio de la administración pública.
De acuerdo con el documento oficial, la acción penal también alcanza a Alejandra Giselle Ponce Moncada y Eunice Yamileth Perdomo Aguilar, quienes fueron requeridas por el supuesto delito de abuso de autoridad por omisión, igualmente en perjuicio de la administración pública.
El requerimiento fue presentado ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con sede en Tegucigalpa, donde las autoridades judiciales deberán programar la audiencia de declaración de imputado para determinar el curso inicial del proceso.
Según el escrito fiscal, el Ministerio Público considera que existen elementos suficientes para deducir responsabilidad penal a los involucrados por actuaciones y omisiones ocurridas durante su gestión dentro del INAMI, institución encargada de la atención y rehabilitación de menores infractores en Honduras.
Además de las tres mujeres requeridas, el documento también menciona a Lenin Edgardo Coello Madrid, Kristel Monserrat Pérez Flores y Carlos Humberto Rivera Mejía Fiallos, quienes son señalados por el supuesto delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
Aunque el requerimiento fiscal no detalla públicamente los montos económicos ni las acciones específicas que dieron origen a la investigación, la acusación se enmarca dentro de los esfuerzos del Ministerio Público por perseguir presuntos actos de corrupción y mal manejo de recursos estatales.
La Fiscalía indicó que, una vez tomada la declaración de los imputados, se establecerá la fecha para la audiencia inicial, etapa en la que se expondrán los elementos de prueba recabados durante la investigación.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la administración de instituciones vinculadas a la protección y atención de sectores vulnerables, especialmente aquellas que manejan recursos públicos destinados a programas de rehabilitación y reinserción social.
Con esta nueva acción judicial, el Ministerio Público continúa impulsando procesos contra exfuncionarios y servidores públicos señalados de presuntas irregularidades administrativas y financieras, mientras los acusados deberán enfrentar el proceso correspondiente para esclarecer los hechos que se les atribuyen.
