TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) calificó como una decisión acertada el traslado del Juzgado de Letras de Competencia Nacional, que venía funcionando en una de las instalaciones de las Fuerzas Armadas, a un edificio del Poder Judicial, ubicado en la Avenida La Paz, “ya que ninguna sede judicial no puede estar dentro de un perímetro militar”.
Ariel Díaz, asesor del CONADEH, ve con optimismo la decisión de las autoridades del Poder Judicial de trasladar el Juzgado de Letras de Competencia Nacional al edificio ubicado en la Avenida La Paz, donde actualmente funcionan los órganos jurisdiccionales en materia de extorsión, privación de dominio y delitos tributarios.
“El CONADEH saluda la adopción de esa medida, como una forma de incorporar a las decisiones judiciales, los estándares internacionales de derechos humanos sobre acceso a la justicia y sobre la independencia judicial”.
Díaz declaró que es una primera muestra de la independencia judicial y espera que esa conducta no solo sea a nivel administrativo, sino que también con la impartición de la justicia.
El asesor del CONADEH es del criterio que las autoridades del Estado hondureño, en su conjunto, deben adoptar medidas encaminadas a garantizar la vida e integridad de los funcionarios judiciales.
“Es una decisión muy acertada ya que una sede judicial no puede estar dentro de un perímetro militar”, reiteró.
Agregó que, el Poder Judicial debe pedir al Poder Ejecutivo la adopción de medidas necesarias para proteger los derechos de los funcionarios judiciales que imparten la justicia en ese tribunal.
El pasado 20 de febrero, la titular de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando emitió un oficio dirigido al Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal.
En dicho documento, le instruyó que se proceda de inmediato a realizar todas las acciones administrativas correspondientes para el traslado del Juzgado que actualmente ha venido funcionando en las instalaciones del Fuerte General Cabañas, de las Fuerzas Armadas, al edificio ubicado en la Avenida La Paz, en el que se encuentran los órganos jurisdiccionales en materia de extorsión, privación de dominio y delitos tributarios.
Dicha determinación obedece, según el oficio, al cumplimiento que debe primar respecto a los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura y demás normativas de derechos humanos que autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes.
