• Amparo Canales advierte que los recursos deben manejarse con total transparencia, controles estrictos y auditoría ciudadana para evitar actos de corrupción.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, Amparo Canales, cuestionó la forma en que serán administrados los recursos destinados a ayudas sociales recientemente aprobados por el Congreso Nacional y advirtió que, sin mecanismos de control y transparencia, existe el riesgo de que se repitan casos de corrupción que han marcado la historia del país.
Canales sostuvo que lo más conveniente habría sido que estos fondos fueran canalizados a través de las instituciones del Estado encargadas de ejecutar programas de asistencia social, en lugar de involucrar directamente a los diputados en la distribución de los recursos.
“Debió haberse canalizado a través de las instituciones que tienen como misión brindar este tipo de apoyo. Sin embargo, si ya fue aprobado por el Congreso Nacional, debe exigirse transparencia en la asignación de estos recursos”, manifestó.
La economista enfatizó que los legisladores no deben administrar los fondos de manera discrecional y que los recursos tienen que llegar directamente a las comunidades mediante procedimientos claros, con liquidaciones oportunas y evidencia que permita comprobar el impacto de las inversiones realizadas.
Asimismo, recordó que Honduras ya ha enfrentado graves escándalos relacionados con el uso indebido de fondos públicos, por lo que insistió en que deben establecerse controles rigurosos para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
“Deben hacerse las previsiones correspondientes para evitar situaciones como las que ya ocurrieron en el país. La expectativa de la población es que estos recursos se manejen de manera diferente”, señaló, en referencia a casos como el denominado Pandora, uno de los mayores escándalos de corrupción en el manejo de recursos estatales.
Canales también destacó el papel que debe desempeñar la sociedad civil en la fiscalización de estos recursos, mediante auditorías sociales que permitan verificar el destino y la ejecución del dinero aprobado.
Finalmente, consideró que, aunque se contempla la creación de una oficina encargada de administrar los fondos sociales, esto por sí solo no garantiza un manejo adecuado.
En ese sentido, reiteró que será indispensable fortalecer los mecanismos de supervisión, rendición de cuentas y control externo para asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y se utilicen con transparencia.
