- Augusto Aguilar señala que la Constitución solo requiere mayoría calificada en el Congreso, mientras urge reformas para garantizar elecciones transparentes tras recientes destituciones
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
En medio de la creciente tensión institucional tras las recientes destituciones en los entes electorales, el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, aseguró este viernes que la legislación hondureña no obliga a que los integrantes del Tribunal de Justicia Electoral pertenezcan a un partido político.
El pronunciamiento surge luego del juicio político que derivó en la destitución de cuatro funcionarios vinculados al Consejo Nacional Electoral y al propio Tribunal de Justicia Electoral, profundizando la incertidumbre sobre la integración de estas instituciones clave para los procesos democráticos del país.
Aguilar fue enfático al aclarar que ni la Constitución ni la ley establecen una afiliación partidaria como requisito para ocupar estos cargos. “La Constitución dice que pueden ser electos aquellos candidatos que reúnan los requisitos necesarios, que no tengan inhabilidades, pero no establece de qué partido político”, explicó.
El exmagistrado subrayó que la única condición indispensable es contar con el respaldo de las dos terceras partes del pleno del Congreso Nacional, lo que otorga un amplio margen de decisión política en la selección de los funcionarios electorales.
En ese sentido, también advirtió que no existe un plazo definido en la normativa vigente para nombrar a los sustitutos de los funcionarios destituidos, aunque consideró que este proceso debe realizarse con urgencia para evitar vacíos que afecten el funcionamiento del sistema electoral.
Finalmente, Aguilar hizo un llamado directo al Congreso Nacional de Honduras para que impulse reformas electorales profundas, orientadas a fortalecer la transparencia, la institucionalidad y la confianza ciudadana en los procesos electorales.
La declaración del exmagistrado reaviva el debate sobre la necesidad de modernizar el marco legal electoral en Honduras, en un contexto marcado por decisiones políticas que han puesto bajo la lupa la independencia y estabilidad de los organismos encargados de garantizar la democracia.
