- Peritajes y testimonios presentados en el juicio contra Jarol Perdomo contradicen la versión inicial del caso y reavivan el clamor de justicia por la muerte de la estudiante de enfermería.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El juicio oral y público contra Jarol Perdomo, señalado como principal responsable del asesinato de Keyla Martínez, continuó este jueves con nuevas declaraciones periciales y testimoniales que aportan más elementos sobre las circunstancias en las que perdió la vida la joven estudiante de enfermería mientras permanecía bajo custodia policial.
Durante la audiencia, un médico forense explicó ante el tribunal que Keyla Martínez presentaba lesiones en órganos vitales como los pulmones, riñones y cerebro, compatibles con una privación de oxígeno.
“Tenía lesiones en pulmón, riñones, cerebro, por lo que ella falleció porque se le privó del oxígeno; en ese sentido murió por asfixia mecánica”, declaró el especialista durante el desarrollo del juicio.
A este testimonio se sumó la declaración de un testigo protegido, quien aseguró que, tras escuchar gritos provenientes del interior de la celda donde permanecía la joven, observó cómo cuatro agentes policiales la sacaron del lugar boca abajo, una versión que forma parte de la prueba presentada durante el debate judicial.
El proceso se desarrolla en los juzgados de Siguatepeque, en la zona central del país, donde el Ministerio Público, la defensa y el tribunal continúan evacuando los medios de prueba para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Mientras tanto, familiares, amigos y organizaciones que han acompañado el caso reiteraron su exigencia de que se haga justicia y que todos los responsables del crimen enfrenten las consecuencias legales.
Un caso que marcó al país
La madrugada del 7 de febrero de 2021, Keyla Martínez, de 26 años y estudiante de enfermería, fue detenida y trasladada a la Unidad Departamental Policial Número 10, en La Esperanza, Intibucá.
Horas después fue encontrada muerta dentro de una celda policial. En un inicio, las autoridades manejaron la versión de un supuesto suicidio; sin embargo, las inconsistencias detectadas en la investigación y los posteriores peritajes generaron dudas sobre lo ocurrido, provocando una ola de indignación nacional y reclamos de justicia.
Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de Honduras en materia de derechos humanos y de rendición de cuentas por hechos ocurridos bajo custodia del Estado, manteniendo vigente la exigencia de esclarecer completamente las circunstancias de la muerte de la joven y sancionar a todos los responsables.
