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viernes, junio 14, 2024
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Nuevo informe FAO: La igualdad de las mujeres en los sistemas agroalimentarios podría acabar con la inseguridad alimentaria de 45 millones de personas

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De acuerdo a la publicación “La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios”, las mujeres constituyen el 36% de los trabajadores del sistema agroalimentario en América Latina y el Caribe. La proporción de mujeres en la fuerza laboral agrícola es mayor o está aumentando en relación con la de los hombres en las áreas rurales con una emigración alta y mayoritariamente masculina.

Roma, Italia / Santiago de Chile. Abordar las desigualdades de género en los sistemas agroalimentarios y empoderar a las mujeres reduce el hambre, estimula la economía y refuerza la resiliencia ante crisis tales como el cambio climático y la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), según revela un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El informe sobre la situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios, el primero de este tipo desde 2010, no se limita a la agricultura, sino que ofrece un panorama completo de la situación de las mujeres que trabajan en los sistemas agroalimentarios, abarcando desde la producción hasta la distribución y el consumo.

En el informe se destaca que, a escala mundial, el papel de las mujeres tiende a estar marginado y sus condiciones laborales suelen ser peores que las de los hombres en trabajos irregulares, informales, a tiempo parcial, poco cualificados o que requieren un uso intensivo de mano de obra. De igual forma, las mujeres que trabajan como asalariadas en la agricultura ganan 82 céntimos por cada dólar que reciben los hombres.

“Si abordamos las desigualdades de género endémicas en los sistemas agroalimentarios y empoderamos a las mujeres, el mundo dará un salto adelante en la consecución de los objetivos de poner fin a la pobreza y crear un mundo sin hambre”, afirma QU Dongyu, Director General de la FAO, en el prólogo del informe.

El estudio explica que cerrar la brecha de género en la productividad agrícola y la brecha salarial en el empleo agrícola aumentaría el producto interior bruto mundial en casi 1000 millones de USD y reduciría el número de personas que padecen inseguridad alimentaria en 45 millones.

A su vez, los beneficios de los proyectos que empoderan a las mujeres son mayores que los de los que se limitan a tener en cuenta las cuestiones de género. Los autores explican que, si la mitad de los pequeños productores contaran con intervenciones de desarrollo centradas en el empoderamiento de las mujeres, se produciría un aumento significativo de los ingresos de otros 58 millones de personas y de la resiliencia de otros 235 millones.

“Lograr unos sistemas agroalimentarios eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles dependerá del empoderamiento de todas las mujeres y de la igualdad de género. Las mujeres siempre han trabajado en los sistemas agroalimentarios. Es hora de que hagamos que los sistemas agroalimentarios funcionen para las mujeres”, añadió QU Dongyu.

América Latina y el Caribe

En América Latina y el Caribe, los gobiernos han abordado cada vez más los desafíos relacionados a las brechas estructurales que enfrentan las mujeres rurales en el acceso a la tierra, los insumos, los servicios, las finanzas y la tecnología digital, desarrollando políticas y programas que contribuyen al cierre de las desigualdades que éstas enfrentan.

Sin embargo, las mujeres padecen más inseguridad alimentaria que los hombres en todas las regiones del mundo y la brecha se ha ampliado desde el brote de COVID-19. A nivel mundial, la brecha entre hombres y mujeres en la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave pasó a 4,3 puntos porcentuales en 2021 desde 1,7 puntos porcentuales en 2019, impulsada en gran medida por las diferencias cada vez mayores en América Latina y el Caribe, donde la brecha alcanzó los 11,3 puntos porcentuales.

Las mujeres constituyen el 36% de todos los trabajadores del sistema agroalimentario en América Latina y el Caribe, pero muestran una variación sustancial en la proporción de mujeres entre países de la región. Por ejemplo, representan el 54% de los trabajadores del sistema agroalimentario en Bolivia. En algunos países de la región, la proporción ha aumentado desde 2005: en 9 puntos porcentuales en El Salvador, 8 puntos porcentuales en Colombia y 6,3 puntos porcentuales en Ecuador.

La proporción de mujeres en la fuerza laboral agrícola es mayor o está aumentando en relación con la de los hombres en las áreas rurales con una emigración alta y mayoritariamente de masculina.

En Honduras

En el evento de presentación del informe participó la ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Laura Suazo, en representación de la presidenta de la República, Xiomara Castro. Suazo destacó como puntos importantes del informe continuar trabajando en Honduras en temas relacionados al acceso a la tierra, crédito, educación y alimento para cerrar la brecha de desigualdad de la mujer rural en los sistemas agroalimentarios. 

“Las mujeres no somos la mitad del problema en el mundo, somos la mitad de la solución y esa es mi primera reflexión al revisar los resultados de este estudio. Cada día debemos aumentar la participación de las mujeres en diferentes esferas que tengan que ver con el mejoramiento de la vida y el cuidado del planeta. En este momento llegó la oportunidad de cambiar esta situación; La FAO, las Naciones Unidas, los gobiernos, todos somos llamados a abrir espacios de participación”, expresó la titular de la SAG.

Apuntó que el gobierno de Honduras ha venido trabajando en la generación de oportunidades para las mujeres. “Agradezco a la FAO y al IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) que son dos organizaciones que nos han venido acompañando con la elaboración final de la Política de Estado del Sector Agroalimentario para los siguientes 20 años (2023-2043) y por primera vez nosotros estamos seriamente planteando la creación de una Dirección General de Agricultura Familiar donde el tema de mujer campesina, mujer agricultora, mujer rural son iniciativas importantes y de arranque de esta política, creo que solo así, en el caso de Honduras, vamos a poder hacer algunos cambios fundamentales”, aseguró.

La funcionaria además señaló que el país debe avanzar en el acceso a créditos tanto de banca nacional como privada para las mujeres, sobre todo para aquellas que han orientado sus capacidades a la labor productiva de la tierra. Relató que durante 2022 se destinaron desde el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) 40 millones de lempira para brindar préstamos a mujeres, pero se identificaron barreras para que accedieran a los fondos.

“Nos dimos cuenta de que las mujeres no estaban listas para hacerlo en la misma velocidad de los hombres, porque no tenían garantías, porque no tenían habilidad inmediata de hacer un plan de inversión, ni el acompañamiento en la comercialización; esas lecciones aprendidas tan fuertes son las que deben llevar estos lineamientos de políticas para romper eso de raíz”, expresó.

“Creo que, en el acceso al financiamiento privado, para las mujeres en todo sentido, pero más las mujeres rurales, enfrentan una barrera muy seria, tenemos que sentarnos con la banca privada, la banca pública tampoco es la excepción, lo he dicho tenemos demasiadas barreras para el acceso a las mujeres rurales, las cajas rurales las cooperativas sociales de ahorro y crédito y los sistemas de financiamiento alternativo son una respuesta y debemos también de apoyarlas un poco más”, agregó.

Sobre acceso a la tierra el refirió que el estudio de la FAO indica que existe una brecha de género de aproximadamente el 24% “por ejemplo en la productividad de la tierra administrada por mujeres y de nuevo se explica por el poco acceso en primer lugar a ingreso, empleo, a fuentes de capital a asistencia técnica, insumos, y ese porcentaje que nos está diciendo FAO creo que debe ser algo en lo que debemos poner una mayor atención todos, en procurar mayor acceso a tierra y especialmente a capital, pero también a educación, a capacitación formal y no formal, a programas  de asistencia técnica dirigidos a mujeres”. 

Recomendaciones

En general, el informe concluye que la reducción de las desigualdades de género en los medios de vida, la mejora del acceso a los recursos y el fomento de la resiliencia constituyen una vía fundamental hacia la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y unos sistemas agroalimentarios más justos y sostenibles.

Esto implica subsanar las carencias relacionadas con el acceso a activos, tecnología y recursos. En el estudio se pone de manifiesto que las intervenciones para mejorar la productividad de las mujeres consiguen buenos resultados cuando abordan las cargas de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, proporcionan educación y formación, y fortalecen la seguridad de la tenencia de la tierra.

El acceso a guarderías también tiene un notable efecto positivo en el empleo de las madres, mientras que los programas de protección social han demostrado aumentar el empleo y la resiliencia de las mujeres.

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