FRANCISCOP MORAZÁN, HONDURAS.
“La situación de violencia requiere de una institucionalidad fortalecida, además el despliegue de medidas particulares conforme a sus facultades y deberes de la protección de la vida y libertad de la población, también la respuesta del Estado a través de políticas de seguridad robustecidas para la prevención, efectiva investigación y sanción del delito que conlleve la desarticulación de las estructuras criminales”, señaló la representante de la OACNUDH Honduras, Isabel Albaladejo.
