TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) instó al Gobierno de Honduras a evitar «el uso prolongado» del estado de excepción y abogó por una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos.
El organismo hizo la sugerencia luego de que el Gobierno aprobara por 45 días más la implementación de un estado de excepción, vigente desde el 6 de diciembre de 2022.
Reiteró, además, la importancia de justificar la proporcionalidad y estricta necesidad de la restricción de derechos constitucionales para responder al fenómeno de la extorsión y delitos conexos.
La segunda prórroga, que termina el 6 de abril, fue aprobada la noche del lunes en Consejo de Ministros y se extendió de 75 a 123 de los 298 municipios del país centroamericano.
La Oacnudh reforzó su llamado a implementar una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos que fortalezca la coordinación interinstitucional con el Ministerio Público y poder Judicial para la «efectiva investigación y sanción de estos delitos».
Considera también fundamental que el Parlamento de Honduras realice un «control legislativo» de los decretos emitidos por el poder Ejecutivo en los tiempos establecidos en la Constitución debatiendo sobre la suspensión de garantías y pidiendo información sobre los resultados de estas medidas.
La Oacnudh reafirmó «su solidaridad» con las víctimas de la extorsión y su disposición a brindar asistencia técnica al Estado de Honduras para fortalecer sus políticas de seguridad y lucha contra la criminalidad con un enfoque de derechos humanos.
En las últimas dos décadas, muchos micros, pequeños y medianos empresarios que se han negado a pagar el llamado «impuesto de guerra», extorsión de los pandilleros para permitir que los negocios funcionen, se han visto obligados a cerrar o desplazarse internamente en el país centroamericano.
Grupos formados por jóvenes y adultos, conocidos como «maras», dominan algunos barrios de Honduras con un «modus operandi» basado en el asesinato y la extorsión, prácticas a las que se suman la amenaza y la persecución.
Las organizaciones más reconocidas son la Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18.
