- Gobierno señala sobrevaloraciones, obras fallidas y deudas millonarias; el TSC auditará proyectos mientras se define si continúan o se cancelan
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, José Argueta, denunció en rueda de prensa que varios proyectos hospitalarios heredados de la administración de Xiomara Castro presentan graves irregularidades, al punto de asegurar que algunos nunca pasaron del papel.
“Ocho hospitales nunca existieron realmente, solo estuvieron en la imaginación de las autoridades pasadas”, afirmó el funcionario, al referirse a una serie de obras anunciadas en el periodo anterior que hoy están bajo revisión.
Proyectos paralizados y bajo investigación
Argueta detalló que, de los ocho hospitales anunciados, únicamente uno registra un avance cercano al 40 %, mientras que el resto presenta problemas estructurales, legales o financieros.
Indicó que al menos tres proyectos serán intervenidos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), debido a presuntas sobrevaloraciones y conflictos relacionados con los terrenos.
Entre los casos más críticos, mencionó la construcción de un hospital sobre una quebrada subterránea, lo que provocó que la estructura se hundiera tras la primera lluvia.
“¿Vamos a seguir invirtiendo dinero del gobierno hondureño sin conocer las condiciones reales?”, cuestionó, al anunciar que en un plazo de 90 días se presentará un informe técnico que definirá el futuro de estas obras.
Deudas y desorden financiero
El funcionario también abordó la situación presupuestaria, señalando que la actual administración encontró importantes deudas acumuladas en varias instituciones del Estado.
Según detalló, en la Secretaría de Infraestructura se identificaron compromisos por 2,800 millones de lempiras, lo que mantenía paralizados al menos 200 proyectos.
A esto se suman 700 millones en la Secretaría de Salud y más de 1,500 millones en la Secretaría de Comunicaciones.
“Nos pusimos al día con estas obligaciones, pero había facturas de ferreterías y hasta empresas extranjeras creadas un mes antes de recibir asignaciones”, denunció.
En ese contexto, defendió la reducción de 25 mil millones de lempiras en el presupuesto, argumentando que muchos fondos carecían de respaldo real.
Posibles responsabilidades legales
Las autoridades no descartan que las irregularidades detectadas en la construcción de hospitales deriven en responsabilidades penales, civiles o administrativas, debido a fallas en la planificación y ausencia de financiamiento desde el inicio de los proyectos.
Una vez que el TSC concluya las auditorías, los expedientes serán remitidos a la Secretaría de Salud de Honduras para determinar si las obras pueden retomarse o si deben cancelarse definitivamente.
Debate: entre auditoría y urgencia social
Mientras avanzan las investigaciones, el tema abre un debate de fondo sobre la continuidad de las obras públicas entre administraciones.
Aunque expertos coinciden en la necesidad de garantizar transparencia y deducir responsabilidades ante posibles irregularidades, también crece la preocupación de que proyectos clave queden abandonados, afectando directamente a la población.
Según autoridades de la administración anterior, la construcción de los ocho hospitales presentaba avances de al menos un 40 %. Incluso, el propio Nasry Asfura, al inicio de su mandato, reconoció estas obras y se comprometió a darles continuidad, asegurando que los proyectos positivos heredados serían finalizados.
En ese contexto, resulta contradictorio que ahora surjan posturas que ponen en duda la viabilidad de dichas construcciones.
En medio de las denuncias, persiste una pregunta central: ¿deben detenerse las obras por posibles irregularidades o garantizar su finalización por el impacto social que representan?
Más allá de la confrontación política, el desafío para el Estado será encontrar un equilibrio entre la rendición de cuentas y la continuidad de proyectos financiados con recursos públicos, especialmente en un sector tan sensible y urgente como la salud.
