- La OACNUDH señala disposiciones que permitirían procesar a personas por su apariencia, extender detenciones y limitar garantías judiciales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresó su preocupación por las recientes reformas penales aprobadas en el país, al advertir que varias de sus disposiciones podrían vulnerar derechos fundamentales, garantías constitucionales y compromisos internacionales asumidos por el Estado hondureño.
En un comunicado emitido este 12 de noviembre, el organismo señaló que los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026 contienen medidas que podrían contravenir los estándares internacionales de derechos humanos y abrir espacios para posibles abusos en la aplicación de la justicia.
Uno de los aspectos que más preocupa a Naciones Unidas es la ampliación del delito de asociación terrorista a organizaciones que no necesariamente tienen fines ideológicos, así como la posibilidad de utilizar tatuajes, vestimenta y características físicas como indicios para establecer presuntos vínculos con estructuras criminales.
Según la OACNUDH, estas disposiciones podrían debilitar la presunción de inocencia y propiciar que una persona sea investigada o procesada por su apariencia, en lugar de existir pruebas individualizadas que acrediten su participación en actividades delictivas.
El organismo también cuestionó las disposiciones que permiten ejecutar allanamientos sin una revisión judicial posterior, establecer prisión preventiva obligatoria en centros penitenciarios de máxima seguridad sin una evaluación individualizada y ampliar hasta 48 horas el plazo de detención sin que la persona comparezca ante un juez.
A criterio de Naciones Unidas, estas medidas incrementan los riesgos de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, además de debilitar las garantías que deben proteger a cualquier ciudadano frente a actuaciones arbitrarias del Estado.
Alerta por condiciones en las cárceles
Las preocupaciones también alcanzan el sistema penitenciario. La OACNUDH advirtió sobre las condiciones en los centros de máxima seguridad, donde ha identificado situaciones de aislamiento prolongado, restricciones al contacto con el exterior y dificultades para acceder a atención médica.
Estas prácticas podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes y afectar los procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.
Asimismo, cuestionó la creación de un régimen especial de protección frente a allanamientos para determinados funcionarios y exfuncionarios públicos, al considerar que podría generar un trato desigual ante la ley.
Finalmente, Naciones Unidas reconoció que Honduras enfrenta importantes desafíos en materia de violencia y crimen organizado, pero recordó que la lucha contra estos fenómenos debe desarrollarse dentro del respeto a los derechos humanos, el debido proceso y las obligaciones internacionales del Estado.
La advertencia de la OACNUDH coloca nuevamente bajo el escrutinio internacional las reformas penales aprobadas en Honduras y abre el debate sobre los límites que deben respetarse en nombre de la seguridad ciudadana.
