- El Ministerio Público acusa a Juan Ramón Molina Rodríguez y a su socia de defraudar más de 18,500 millones de lempiras al Estado; bienes, cuentas y sociedades ya fueron asegurados.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Ministerio Público (MP) de Honduras elevó este lunes a orden de captura internacional el caso contra Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en dicho fideicomiso.
Molina, junto a Liana María Mayorga Castillo (ya capturada), gerente de la empresa Plasticards S.A., es acusado de defraudar al Estado hondureño con un perjuicio estimado en 18,547 millones de lempiras mediante el suministro irregular de tarjetas PVC utilizadas para la emisión de licencias de conducir.
De acuerdo con la investigación de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), en diciembre de 2021 la Secretaría de Seguridad adjudicó de forma irregular la compra de 480 mil tarjetas a Plasticards S.A., empresa que apenas tenía dos meses de constituida.
Aunque oficialmente se reportó la entrega de todo el lote, en la práctica solo ingresaron al país 258 mil unidades.
El MP detalló que el 22 de enero de 2022, apenas cinco días antes del cambio de gobierno, la Secretaría de Seguridad pagó 18.5 millones de lempiras a Plasticards.
Parte de esos fondos habrían sido transferidos a la empresa Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Juan Ramón Molina, pese a que por su cargo en la Tasa de Seguridad estaba inhabilitado para contratar con el Estado.
La investigación también reveló que las tarjetas fueron suministradas en realidad por la empresa extranjera Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en Estados Unidos, e importadas a Honduras por Inversiones MyM.
El esquema incluyó el uso de empresas fachada en Estados Unidos y Francia para triangular y lavar los fondos provenientes del presupuesto nacional.
Ante la magnitud del fraude, el MP aseguró 7 bienes inmuebles, 2 vehículos, 37 cuentas bancarias y 5 sociedades mercantiles vinculadas a los acusados.
Además, el requerimiento fiscal incluye los delitos de abuso de autoridad, fraude y lavado de activos.
Con la emisión de la orden de captura internacional contra Juan Ramón Molina Rodríguez, el caso se convierte en uno de los golpes más fuertes contra la corrupción vinculada a la administración de la Tasa de Seguridad.
