La directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Claudia Paz y Paz, pidió este viernes a los organismos financieros y a los mecanismos de cooperación internacional condicionar el otorgamiento de créditos, financiamiento y cualquier tipo de colaboración económica a Nicaragua al cumplimiento de sus obligaciones internacionales en derechos humanos.
La petición fue realizada por la también exfiscal de Guatemala en nombre de un grupo de organismos humanitarios nicaragüenses durante el período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que evaluaron la situación de privación arbitraria de libertad por motivos políticos en Nicaragua.
Derechos humanos
Paz y Paz dijo que es necesario condicionar los préstamos a Nicaragua a la luz de la gravedad de la situación de los derechos humanos que sufren los nicaragüenses opositores y críticos con el Gobierno que preside Daniel Ortega desde abril de 2018, y al creciente deterioro democrático.
Los organismos nicaragüenses, dijo la activista guatemalteca, instan al Gobierno nicaragüense a cesar la criminalización y persecución política, así como a liberar inmediatamente a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, sin limitar sus derechos ni los de sus familiares.
Además solicitaron valorar una visita a Costa Rica, donde se han refugiado miles de nicaragüenses, del Comisionado Relator para Nicaragua «con el fin de mantener actualizada la información sobre la situación de las personas defensoras, periodistas, personas desnacionalizadas exiliadas en este país».
OEA
Asimismo, hicieron un llamado a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que no pertenece Managua desde noviembre pasado, «para que en uso de la garantía colectiva prevista en los instrumentos interamericanos continué ejerciendo acciones para la rendición de cuentas y fiscalización al Estado de Nicaragua», priorizando la liberación de las personas presas políticas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
