El sacerdote jesuita lamenta falta de avances en la identificación de los autores intelectuales del crimen contra el ambientalista hondureño.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El sacerdote jesuita Ismael Moreno, conocido popularmente como padre Melo, expresó este miércoles su inconformidad tras sostener una reunión con el Fiscal General de la República, Johel Zelaya, para conocer los avances en la investigación del asesinato del defensor ambiental Juan López.
“No hemos salido satisfechos, hemos escuchado y en ese sentido agradecemos que nos haya citado para darnos información, pero la satisfacción será hasta que tengamos datos más precisos sobre quiénes son los autores del asesinato de Juan López”, declaró el religioso a su salida de la sede del Ministerio Público en Tegucigalpa.
Juan López fue asesinado a balazos el 14 de septiembre de 2024, justo cuando salía de la iglesia a la que asistía en la colonia Favio Ochoa de Tocoa, Colón. La comunidad lo recuerda como un férreo defensor del medioambiente, especialmente en un contexto de creciente conflictividad socioambiental en la región.
Desde 2023, López contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, jamás recibió protección efectiva del Estado hondureño.
Su asesinato evidenció, una vez más, la vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores de la tierra y el ambiente en el país.
El pasado 6 de octubre, el Ministerio Público anunció la captura de tres personas señaladas como presuntos autores materiales del crimen.
Días después, un juzgado local ordenó su acusación formal por asesinato y dictó detención preventiva.
Pese a estos avances, padre Melo considera que el caso está lejos de cerrarse.
“Mientras no se identifique y procese a los autores intelectuales de este crimen, no puede hablarse de justicia verdadera”, subrayó.
Organizaciones de derechos humanos y ambientalistas han reiterado que el caso de Juan López no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia sistemática contra quienes defienden los bienes comunes en Honduras.
La falta de protección estatal y la impunidad continúan alimentando este ciclo de agresiones.
