• La institución busca que el expresidente vuelva a juicio por Pandora II y cuestiona la exclusión de pruebas que, a su criterio, terminó favoreciéndolo.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Procuraduría General de la República (PGR) anunció este lunes que apelará el sobreseimiento definitivo dictado a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II, al considerar que existen elementos suficientes para que el proceso continúe y que la decisión judicial debe ser revocada.
En un comunicado oficial, la institución lanzó además fuertes cuestionamientos contra el juez que conoció la causa, al sostener que la exclusión de una parte sustancial de las pruebas presentadas por la acusación provocó la “insuficiencia probatoria” que posteriormente fue utilizada como argumento para beneficiar al exmandatario.
PGR defiende acusación por L. 288 millones
Según la Procuraduría, Pandora II investiga la presunta sustracción de L. 288,016,175 del erario público durante el período 2010-2014, mediante convenios suscritos entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería y las fundaciones DIBATTISTA y Todos Somos Honduras.
Los recursos, de acuerdo con el documento, estaban destinados a proyectos sociales relacionados con la reducción de la pobreza, generación de empleo, emprendimiento y otros programas.
La PGR señala que una auditoría realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó indicios de responsabilidad penal. A esto se suman, según la institución, pericias financieras y transaccionales realizadas por el Ministerio Público que determinaron que al menos L. 62,078,784.44 habrían sido utilizados en la campaña política de Juan Orlando Hernández.
La Procuraduría sostiene que estos elementos forman parte de la evidencia que debía ser valorada dentro del proceso.
Cuestionan exclusión de 22 pruebas
Uno de los principales señalamientos de la PGR apunta directamente a la decisión del juez de excluir buena parte de los medios de prueba documentales ofrecidos por la acusación.
De los 38 medios de prueba documentales propuestos, fueron inadmitidos 22, es decir, cerca del 58 % de la carga probatoria presentada por la acusación.
La institución también afirma que fue excluida la totalidad de la prueba evidencial.
A criterio de la PGR, estas decisiones dejaron a la acusación sin una parte importante de los elementos con los que pretendía acreditar el destino de los fondos y la participación del imputado.
“No nos resulta increíble que estemos ante un juez especializado en materia de criminalidad organizada y corrupción”, señaló la Procuraduría al cuestionar que determinados medios de prueba fueran descartados por no estar directamente a nombre del acusado.
La institución considera que, en investigaciones por delitos como lavado de activos, pueden emplearse elementos de prueba que permitan reconstruir el origen y destino de los recursos, así como las operaciones utilizadas para ocultarlos.
La liberación de un testigo también genera críticas
La PGR también cuestionó la liberación de Luis Fernando Suárez, a quien identifica como testigo principal del caso por su relación con las fundaciones que recibieron los fondos investigados.
Según el comunicado, Suárez se había declarado culpable y había proporcionado información sobre las operaciones realizadas en favor del acusado.
La institución sostiene que el 12 de agosto de 2026, cuando el Ministerio Público se disponía a proponer sus medios de prueba de cargo, Suárez fue puesto en libertad de manera unilateral por un juez de ejecución, sin audiencia ni notificación a las partes.
La PGR considera que esta decisión dejó fuera del proceso a un testigo que, según su versión, tenía información relevante sobre las operaciones investigadas.
La PGR va a apelación
Frente al sobreseimiento definitivo, la Procuraduría confirmó que interpondrá un recurso de apelación dentro del plazo legal ante la Corte de Apelaciones designada.
Su objetivo es que se revoque la resolución y se dicte auto de formal procesamiento contra Juan Orlando Hernández por los delitos de fraude y lavado de activos, al considerar que existe actividad probatoria suficiente para acreditar su participación.
La PGR deja así claro que no da por cerrado Pandora II y que buscará que la resolución favorable al expresidente sea revisada por una instancia superior.
El caso entra ahora en una nueva etapa judicial, marcada por el enfrentamiento entre los argumentos de la acusación y la resolución que determinó el sobreseimiento, mientras la Procuraduría sostiene que la exclusión de pruebas fue determinante para generar la supuesta “insuficiencia probatoria” que terminó favoreciendo a Hernández.
