- La Procuraduría denuncia a Jorge Colindres Castillo y Alberto Hernández Franks ante el Ministerio Público, al considerar que sus actuaciones desconocen la sentencia que declaró inconstitucional el marco legal de las ZEDE.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó una denuncia penal contra Jorge Constantino Colindres Castillo y Alberto A. Hernández Franks, a quienes señala por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria y usurpación de funciones públicas, en perjuicio del Estado de Honduras.
La acción legal surge tras la juramentación de Hernández Franks como “Fiscal Civil” de ZEDE Próspera, realizada el pasado 15 de septiembre, un nombramiento que, según la institución estatal, desconoce los efectos de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional el marco jurídico de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Sentencia de la Corte Suprema es el eje de la denuncia
De acuerdo con la PGR, la denuncia se fundamenta en la sentencia emitida el 20 de septiembre de 2024 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, publicada en La Gaceta el 25 de noviembre de ese mismo año.
La resolución declaró la inconstitucionalidad, con efecto ex tunc —desde su origen—, de la reforma constitucional y la legislación que dieron sustento a las ZEDE, así como del decreto mediante el cual se creó el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP).
La Procuraduría sostiene que, a partir de dicha resolución, los nombramientos emitidos por el CAMP y las actuaciones derivadas de estos carecen de validez jurídica. Entre ellos incluye los cargos de secretario técnico de ZEDE Próspera y “Fiscal Civil”.
Cuestionan facultades atribuidas al nuevo “Fiscal Civil”
En el documento presentado ante el fiscal general del Ministerio Público, la PGR señala que Jorge Constantino Colindres Castillo habría continuado atribuyéndose funciones como autoridad de una supuesta jurisdicción especial, pese al fallo judicial.
La institución sostiene que Colindres Castillo juramentó a Alberto Hernández Franks como “Fiscal Civil” el 15 de septiembre, otorgándole atribuciones que, a criterio de la Procuraduría, están reservadas exclusivamente a los poderes del Estado hondureño.
Entre las facultades cuestionadas se encuentran:
- Funciones de naturaleza jurisdiccional.
- Procedimientos de cobro forzoso de tributos.
- Acciones relacionadas con el resguardo del orden público.
La descripción del cargo difundida por Próspera contempla precisamente responsabilidades vinculadas con la aplicación de sus normas y regulaciones, acciones de cumplimiento y procedimientos de cobro de tributos. La PGR considera que el ejercicio de estas atribuciones no puede sustentarse en nombramientos derivados del CAMP, cuya base jurídica fue declarada inconstitucional.
Solicitan investigación y preservación de evidencias
Ante los hechos denunciados, la Procuraduría solicitó al Ministerio Público que inicie una investigación penal para esclarecer las circunstancias de los nombramientos y las actuaciones atribuidas a los señalados.
Entre las diligencias requeridas figuran la preservación de la evidencia relacionada con los actos denunciados, la recopilación de documentos e informes y la toma de declaraciones de las personas que puedan aportar información relevante.
La PGR también se reservó el derecho de constituirse como acusador en representación de los intereses del Estado de Honduras, mientras aseguró que dará seguimiento al proceso para que, de determinarse responsabilidades, se proceda conforme a derecho.
Disputa por la soberanía y el orden constitucional
La denuncia se presenta en un contexto de confrontación jurídica entre las instituciones hondureñas y ZEDE Próspera, que ha continuado desarrollando su estructura institucional pese a la sentencia de inconstitucionalidad de las ZEDE.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, había exigido el respeto a la resolución del Poder Judicial y calificó la designación del Fiscal Civil como una decisión unilateral de Próspera.
En su comunicación oficial, la Procuraduría reafirmó su posición de defensa de la soberanía nacional, el orden constitucional y el Estado de derecho, y sostuvo que ninguna estructura privada puede ejercer funciones de autoridad pública dentro del territorio hondureño.
Ahora corresponderá al Ministerio Público valorar los hechos denunciados, desarrollar las diligencias de investigación y determinar si existen elementos que sustenten responsabilidades penales contra los señalados.
La denuncia de la PGR coloca nuevamente a ZEDE Próspera en el centro del debate sobre los límites de las estructuras privadas, la autoridad del Estado y el cumplimiento de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia.
