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martes, abril 23, 2024
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PGR señala que coordinará el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, y anuncia acciones judiciales

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.

A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) notificó que coordinará las acciones para cumplir la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) a Honduras.

Aquí el comunicado integro:

En un acto de notificación virtual de sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comunicó al Estado su decisión en el caso Gutiérrez Navas y otros, vs Honduras.

El caso refiere a la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la destitución ilegal y arbitraria de José Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz Sequeira, José Francisco Ruiz Gaekel y Gustavo Enrique Bustillo Palma, exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

La sentencia, emitida el 29 de noviembre de 2023, declara a la República de Honduras responsable a nivel internacional por violaciones a las garantías judiciales y principio de legalidad, derechos políticos y protección judicial, derecho al trabajo, derecho a la integridad personal y protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La PGR coordinará las acciones con las instituciones estatales vinculadas entre ellas: Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional y Secretaría de Derechos Humanos, para el cumplimiento efectivo de la sentencia del alto tribunal interamericano.

En este sentido, la Procuraduría General de la República, como representante legal del Estado, hace suyo el compromiso de seguir aportando a la construcción de instituciones sólidas y al respeto de los poderes legalmente constituidos; reafirmando el compromiso del Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, en su política de respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para construir un Estado donde prevalezca la justicia, la verdad, la no repetición y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

La PGR se reserva el derecho a ejercitar las acciones judiciales correspondientes en contra de los funcionarios que a través de sus acciones motivaron el resultado de la referida sentencia.

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