• La Comisión Técnica Liquidadora reveló una serie de hallazgos detectados en instituciones intervenidas tras el cambio de administración, entre ellos empleados sin evidencia de trabajo, desaparición de información pública, millonarios gastos en comunicación y proyectos con fuertes desembolsos pese a escasos avances. Los casos serán remitidos al TSC y al Ministerio Público.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Comisión Técnica Liquidadora presentó un informe que ha encendido las alarmas sobre el manejo de recursos públicos durante la administración anterior, al revelar una serie de hallazgos que ahora podrían derivar en investigaciones por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Ministerio Público y otros entes de control del Estado.
El informe, presentado en Casa Presidencial en cumplimiento del Decreto PCM 04-2026, expone presuntas irregularidades encontradas durante los procesos de supresión, liquidación y adscripción de diversas instituciones gubernamentales, incluyendo pagos a personal sin evidencia de trabajo efectivo, desaparición de dispositivos que almacenaban información pública, contratos de comunicación con costos extraordinarios y proyectos de infraestructura con millonarios desembolsos pese a registrar avances mínimos.
Durante la presentación, el coordinador de la comisión, Ángel Antonio Mendoza, junto a los demás comisionados, sostuvo que los hallazgos corresponden a actuaciones desarrolladas en instituciones que operaron durante la administración anterior y que ahora deberán ser sometidas a auditorías técnicas y financieras para determinar posibles responsabilidades.
Empleados en planilla sin evidencia de funciones
Uno de los hallazgos más sensibles expuestos por la Comisión Liquidadora está relacionado con la permanencia de personas en planillas estatales sin documentación suficiente que acreditara la prestación efectiva de servicios.
Según los comisionados, durante la revisión de expedientes y registros institucionales se encontraron casos de empleados que continuaban percibiendo salarios sin que existieran evidencias claras de labores realizadas, productos entregados o funciones desempeñadas.
Aunque no se detalló la cantidad exacta de casos detectados, la situación fue catalogada como una posible irregularidad que requiere una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.
Desaparece información pública
Otro de los puntos que generó mayor preocupación fue la desaparición de memorias USB, discos duros y otros dispositivos de almacenamiento pertenecientes a instituciones públicas.
La comisión advirtió que el problema trasciende la pérdida de equipos físicos, ya que se desconoce el destino de información institucional que podría contener registros administrativos, financieros y operativos de carácter público.
Los comisionados señalaron que la falta de estos dispositivos dificulta los procesos de auditoría y transparencia, por lo que anunciaron la presentación de denuncias formales para esclarecer responsabilidades y determinar si existió una sustracción deliberada de información.
Facturas que alcanzaron los L70 mil por minuto
Entre los hallazgos también figuran registros documentales relacionados con contratos de comunicación, difusión y transmisión que presentan costos considerados inusualmente elevados.
Según la información expuesta, algunas facturas reflejan cobros equivalentes a aproximadamente 70 mil lempiras por cada minuto de transmisión.
La Comisión Técnica Liquidadora indicó que estos expedientes serán remitidos a auditorías especializadas para determinar si los montos cobrados fueron razonables, si existieron procesos adecuados de contratación y si hubo afectación al patrimonio estatal.
Además, dentro de la documentación revisada se identificaron gastos relacionados con alimentación, material promocional y servicios de difusión que, según los comisionados, podrían evidenciar el uso de recursos públicos con fines político-partidarios, un extremo que deberá ser confirmado o descartado por las investigaciones correspondientes.
Más de L126 millones en prestaciones laborales
El informe también detalla que el Estado desembolsó 126 millones 486 mil 843 lempiras en concepto de prestaciones laborales derivadas de los procesos de cierre y reorganización institucional.
No obstante, aún permanecen pendientes de pago aproximadamente cinco millones 463 mil 715 lempiras.
Paralelamente, la comisión destacó que la cancelación de contratos de arrendamiento permitió generar un ahorro mensual estimado de dos millones 927 mil 377 lempiras, cifra que representa más de 35 millones de lempiras anuales para las finanzas públicas.
Cultura y memoria bajo revisión
Las auditorías también alcanzarán a entidades vinculadas al sector cultural.
La Dirección General de Cinematografía figura en el informe con más de 60 millones de lempiras anuales destinados a proyectos culturales, recursos que serán sometidos a revisión para evaluar si existió una adecuada relación entre la inversión realizada y el beneficio generado para la población.
Asimismo, el Instituto de la Memoria fue señalado por presentar escasa evidencia de funcionamiento operativo al momento de la intervención, situación que despertó cuestionamientos sobre el uso de recursos asignados a esa entidad.
Hospital con millonarios desembolsos y apenas un 27 % de avance
Uno de los casos que más llamó la atención durante la presentación del informe corresponde al Hospital Neonatal de Occidente.
De acuerdo con documentación del Tribunal Superior de Cuentas citada por la Comisión Liquidadora, la obra registra apenas un 27 % de avance físico pese a que los pagos efectuados superan los 118 millones de lempiras.
La situación genera preocupación debido a que parte del equipo biomédico adquirido para el proyecto permanece almacenado sin utilizar, mientras las garantías de dichos equipos continúan corriendo.
Según los comisionados, esta situación podría incluso comprometer la elegibilidad de financiamiento internacional asociado al proyecto, particularmente recursos vinculados al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Casos serán remitidos a los órganos de control
Ante la magnitud de los hallazgos, la Comisión Técnica Liquidadora confirmó que toda la documentación recopilada será remitida al Tribunal Superior de Cuentas, al Ministerio Público y a otras instancias competentes para que determinen si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Los miembros de la comisión sostuvieron que el propósito de estas acciones es proteger el patrimonio estatal, transparentar el uso de los recursos públicos y garantizar que cualquier irregularidad detectada sea investigada conforme a la ley.
Mientras las auditorías avanzan, el informe deja abiertas numerosas interrogantes sobre el manejo de fondos públicos durante la administración anterior y coloca bajo escrutinio contratos, proyectos e instituciones que administraron millones de lempiras provenientes de los contribuyentes hondureños.
