- La falta de unanimidad entre magistrados obliga a trasladar el recurso de amparo al pleno del Poder Judicial, en medio de preocupación por el impacto de la medida en las elecciones del 30 de noviembre.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá resolver en pleno el recurso de amparo presentado para solicitar la suspensión del estado de excepción, luego de que los magistrados de la Sala Constitucional no alcanzaran la unanimidad requerida para emitir una sentencia definitiva.
Según la legislación hondureña, las resoluciones adoptadas por unanimidad en la Sala Constitucional se consideran sentencias de la CSJ y tienen carácter definitivo.
Sin embargo, cuando no existe consenso, el caso debe pasar al pleno del Poder Judicial para su discusión y resolución.
La ley obliga a trasladar el caso al pleno
El marco legal establece que “en los casos en que no resultare unanimidad de votos, el asunto deberá someterse al conocimiento y decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia”.
En cumplimiento de ello, el presidente de la Sala remitirá el expediente a la Presidencia de la CSJ el día hábil siguiente de la votación. Una vez recibido, la Presidencia deberá convocar al pleno en un plazo máximo de diez días hábiles.
El recurso fue promovido por el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, a favor de sí mismo y de la ciudadanía, bajo el argumento de que la medida vulnera derechos fundamentales y representa una amenaza al debido proceso electoral.
Una Sala dividida
Las posturas de los magistrados dejaron claro el desacuerdo interno.
- A favor de suspender el estado de excepción: Luis Fernando Padilla, Isbela Bustillo Hernández y Francisca Villela Zavala.
- A favor de admitir el recurso solo para el recurrente: Wagner Vallecillo.
- A favor de admitir el recurso, pero sin suspender el acto reclamado: Sonia Marlina Dubón, magistrada afín al partido Libertad y Refundación (Libre), quien votó por mantener vigente el estado de excepción.
Esta división impidió la emisión de una sentencia firme y activó el mecanismo que deriva el caso hacia el pleno de la Corte.
Preocupación por impacto en las elecciones
El CAH argumentó que la ampliación reciente del estado de excepción, que ahora incluye el domingo 30 de noviembre —día de las elecciones generales—, constituye un riesgo para la libertad de expresión y la integridad del proceso electoral.
Diversos sectores han advertido que la medida podría limitar la movilidad, obstaculizar la supervisión ciudadana y crear un ambiente restrictivo en una jornada electoral de alta relevancia para el país.
El pleno de la Corte Suprema tendrá ahora la responsabilidad de emitir una resolución definitiva en un contexto marcado por tensiones políticas y creciente escrutinio público.
