CATACAMAS, OLANCHO. –
Una ola de indignación y controversia ha desatado la decisión de los órganos de justicia de otorgar la libertad a una madre que había sido detenida por la presunta venta y explotación sexual de sus dos hijas, de 10 y 13 años.
A pesar de la gravedad de los cargos, las autoridades judiciales determinaron que la mujer enfrente el proceso fuera de prisión y, de manera aún más polémica, mantenga la custodia de las menores.
La liberación fue confirmada por el portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Wilfredo Maldonado, quien aclaró que la medida responde a directrices del Ministerio Público y no a una disposición del cuerpo policial.
“Son las instrucciones que se manejan de la fiscalía. Ella ha quedado en libertad, pero siempre bajo investigación, y la custodia la tiene aún la misma madre”, explicó Maldonado.
El rescate que destapó la red de explotación
El caso, que ha conmocionado al municipio de Catacamas, comenzó a investigarse tras la denuncia interpuesta por el hermano de uno de los supuestos clientes.
Según el jefe policial de la zona, Moisés Amador Murillo, la alerta original reportaba el rapto bajo engaños de una menor, quien estaba siendo explotada por un adulto de 33 años.
La movilización de la Policía Nacional permitió rescatar en flagrancia a una de las niñas y detener al sospechoso.
Sin embargo, las pesquisas posteriores revelaron una trama de horror intrafamiliar: las investigaciones apuntan a que la madre presuntamente ofrecía a sus propias hijas a hombres mayores a cambio de pagos mensuales que oscilaban entre los 2,000 y 4,000 lempiras.
Confesión del comprador y defensa de la madre
El hombre de 33 años capturado en el operativo admitió el crimen ante las autoridades tras ser ingresado a las celdas policiales.
“Hace seis meses me la llevé y entonces hace seis meses vivía con ella”, declaró sin mostrar arrepentimiento, confirmando que llegó a pagar hasta 4,000 lempiras mensuales por una de las menores.
El sujeto ya fue remitido formalmente a los juzgados competentes bajo el cargo de violación especial.
Por su parte, al momento de su detención, la madre negó rotundamente las acusaciones de haber vendido a sus hijas.
Aunque la DPI enfatizó que la ciudadana sigue bajo el ojo de la justicia y el proceso de investigación continúa abierto, la decisión de dejar a las víctimas bajo el cuidado de la principal sospechosa ha encendido las alarmas sobre los protocolos de protección a la niñez en la región.
