• Edmundo Orellana cuestiona incoherencia oficial, mientras el ministro Erick Tejada justifica acuerdos con grupos empresariales históricamente señalados por Libre.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El tema energético volvió a encender la polémica política en Honduras. El exfiscal general de la República y exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, cuestionó públicamente la decisión del actual gobierno de mantener contratos de energía térmica con grupos empresariales que, en el discurso oficial de Libre, han sido señalados como parte de la llamada “oligarquía asesina”.
“Algunos de los contratistas de energía térmica a quienes se renovaron los contratos en el Congreso Nacional, pertenecen a las familias señaladas como ‘oligarquía asesina’. ¿Por qué, entonces, se renovaron esos contratos?”, planteó Orellana en sus redes sociales, dejando en evidencia la contradicción entre el discurso político y las decisiones administrativas del gobierno de Xiomara Castro.
La respuesta oficial: renegociación, no renovación
El titular de Energía y gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada, respondió casi de inmediato, negando que se tratara de una “renovación”.
“No fue renovación, doctor; fue renegociación de contratos, para bajarles precio a los mismos y beneficiar a la gente”, replicó Tejada, defendiendo los acuerdos como una medida necesaria ante el déficit energético y la vulnerabilidad jurídica que, según él, heredó la actual administración.
Tejada insistió en que terminar los contratos significaría enfrentar demandas multimillonarias contra el Estado hondureño, algo que —según él— sería más costoso para la población.
Incoherencias que pesan sobre Libre
A pesar de la defensa oficial, el cuestionamiento de Orellana ha abierto un debate mayor: ¿cómo justificar negocios con los mismos empresarios a quienes el propio gobierno acusa de haberse enriquecido a costa del pueblo?
Los contratos renegociados incluyen acuerdos firmados durante la administración de Manuel Zelaya Rosales, como el 013-2008 (energía eólica) y el 049-2008 (energía térmica, conocido como Brassavola), lo que refleja que los vínculos con estos grupos empresariales se han mantenido bajo distintos gobiernos, incluyendo el de Libre.
La contradicción entre el discurso oficial —que acusa a una “oligarquía asesina” de someter al país— y las decisiones administrativas que terminan beneficiando a esos mismos grupos, refuerza la percepción de doble moral política y falta de coherencia en la gestión energética.
Mientras tanto, la población sigue enfrentando un sistema eléctrico deficiente, tarifas altas y un servicio plagado de apagones, sin ver reflejados en su vida diaria los supuestos beneficios de las renegociaciones.
