TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Los policías que fueron depurados presentarían una acción de repetición en contra de la comisión depuradora por mal procedimiento, anunció este jueves el abogado Abel Orellana.
El apoderado legal de los funcionarios policiales manifestó que exigiría a la Procuraduría General de la República (PGR) que verifique que la erogación que el Estado realice sea constitucional.
Confirmó que los responsables de las depuraciones fueron el exministro de Seguridad, Julián Pacheco; los exmiembros de la comisión: Omar Rivera, Vilma Morales y el pastor Alberto Solórzano.
Orellana condenó que estas cuatro personas cometieron infracciones en perjuicio de un aproximado de cinco mil policías hace seis años tras no permitir que los depurados fueran escuchados en las audiencias de descargo.
“La Constitución ordena que el Estado pagará, pero se le deducirán acciones a esta comisión depuradora a través de la PGR para que resarzan los prejuicios”, enfatizó.
Continuó que el Estado pagaría unos tres mil millones de lempiras a favor de los policías depurados.
Citó que el artículo 325 de la Constitución es que quienes se declaran insolventes económicamente pagarán con sus bienes, vehículos, casas, propiedades y tienen que ser perseguidos hasta que el Estado cumpla la obligación.
La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor público que haya sido condenado por el Estado a pagar una indemnización por mala conducta.
