- CSJ impone restricciones a Ninfa Flores y otros tres imputados por presunto fraude y abuso de autoridad que habría causado pérdidas al Estado mediante contrataciones ficticias
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó medidas sustitutivas a la exdirectora del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), Ninfa Flores, y a otros tres imputados vinculados al denominado caso de las “planillas fantasma”, una investigación que apunta a presuntas contrataciones irregulares que habrían provocado un perjuicio económico al Estado hondureño.
La información fue confirmada por la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, quien detalló que las medidas fueron otorgadas conforme al artículo 173 del Código Procesal Penal y benefician además a Lenin Cuello, Cristel Pérez y Carlos Rivera, quienes también figuran entre los acusados en el expediente.
Como parte de las restricciones impuestas por el tribunal, los cuatro procesados tienen prohibido salir del país, deberán presentarse una vez por semana ante la autoridad judicial correspondiente y no podrán acudir a las instalaciones del INAMI mientras continúe el proceso penal en su contra.
Castillo indicó que la audiencia inicial fue programada para el próximo 20 de julio a las 9:00 de la mañana, fecha en la que también comparecerán Eunice Perdomo y Alejandra Ponce, quienes previamente fueron sometidas a audiencia de declaración de imputado.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Ninfa Flores enfrenta acusaciones por los delitos de abuso de autoridad y fraude, relacionados con supuestas contrataciones ficticias efectuadas durante su gestión al frente del INAMI.
Según la hipótesis planteada por el Ministerio Público, varios empleados fueron incorporados a la institución sin que existiera evidencia de que desempeñaran funciones reales, pese a que recibían salarios con fondos públicos.
“Supuestamente cuando se desempeñó como directora ejecutiva del INAMI, Ninfa Flores realizó contrataciones ficticias de empleados, los cuales nunca llegaron a laborar a la institución, causando un perjuicio económico al Estado”, explicó la portavoz judicial.
Las indagaciones también revelan que algunos de los empleados contratados mantenían vínculos familiares con personas que ya laboraban dentro de la institución, un aspecto que forma parte de las líneas de investigación desarrolladas por las autoridades.
Tras recabar documentación y testimonios, los órganos de investigación determinaron citar a Flores y al resto de los implicados para que rindieran cuentas sobre los hechos señalados y explicaran las circunstancias en las que se realizaron las contrataciones bajo sospecha.
El caso de las denominadas “planillas fantasma” vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos y los mecanismos de contratación dentro de instituciones estatales, mientras el Ministerio Público busca determinar responsabilidades penales y cuantificar el posible daño ocasionado a las finanzas del Estado.
La audiencia inicial será clave para definir si existen elementos suficientes para que los imputados continúen enfrentando un proceso formal por los delitos que les atribuye la Fiscalía.
